Televisión

El abogado de Carlota Prado renuncia días antes del juicio por abusos sexuales en 'Gran Hermano'

El abogado de Carlota Prado, Santiago Marín, ha renunciado a representar a la exconcursante de Gran Hermano en el juicio por abusos sexuales que comenzará la próxima semana por los hechos que se produjeron en la casa del reality de Telecinco en noviembre de 2017.

Prado, que supuestamente fue víctima de abusos sexuales por parte de su entonces pareja, José María, con quien tenía una relación sentimental en el reality show, deberá designar un nuevo abogado o bien optar por uno del Turno de Oficio, informa 20 minutos.

El proceso está programado para los días 3 y 8 de noviembre, dos sesiones en las que se juzgará a José María por lo que sucedió en GH después de una noche de fiesta. El fiscal solicita para José María López una pena de dos años y seis meses de cárcel. Asimismo, le reclama una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados a la víctima, idéntica cantidad que a la productora del programa, Zeppelin, por los daños ocasionados a raíz de la exhibición a la perjudicada de las imágenes grabadas sin la ayuda de profesionales que la pudieran atender en ese momento.

Inicialmente, el juicio iba a arrancar el pasado febrero, pero fue suspendido ante la incomparecencia de Carlota Prado. La parte demandante alegó problemas psiquiátricos de gravedad y la magistrada solicitó entonces una serie de pruebas documentales que acreditasen su situación. Recientemente, el médico forense determinó que Carlota es apta para declarar

Por otra parte, desde defensa de Carlota se ha reclamado durante los últimos meses la nulidad del proceso desde que se dictó el auto de transformación de las diligencias en 2018 que determinó que se juzgase en la Audiencia Provincial. Considera que va a juzgarse como presunto abuso sexual sin penetración cuando, a su juicio, hay indicios de que sí la hubo. Solicitan, por lo tanto, que se juzgue como violación con penetración. En ese caso la pena aumentaría y sería de cuatro a diez años y al menos 100.000 euros de indemnización.

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