Ya hay fecha para el juicio del conocido 'caso Carlota Prado' por el cual se juzgará a José María López Pérez, exconcursante del programa de televisión Gran Hermano Revolution, acusado de un delito de abusos sexuales dentro de la casa de Guadalix.

Después de que el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid suspendiese el juicio el pasado mes de febrero ante la incomparecencia de la demandante, el proceso se reanudará el 3 y 8 de noviembre, informa Bluper. Será entonces cuando se juzguen los hechos que se produjeron aquella noche de 2017 en las instalaciones del reality más popular de Telecinco.

El juicio estaba previsto para el 8 de febrero pero se suspendió a petición de la parte demandante, que alegó problemas psiquiátricos de gravedad. La magistrada solicitó entonces una serie de pruebas documentales que acreditasen su situación y en las últimas semanas se ha sometido a una serie de pruebas médicas para determinar si está en situación de declarar. 

Por otra parte, desde defensa de Carlota se ha reclamado la nulidad del proceso desde que se dictó el auto de transformación de las diligencias en 2018 que determinó que se juzgase en la Audiencia Provincial. Considera que va a juzgarse como presunto abuso sexual sin penetración cuando, a su juicio, hay indicios de que sí la hubo. 

¿A qué pena se enfrenta José María?

El fiscal solicita una pena de dos años y seis meses de cárcel y le reclama una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados a la víctima, idéntica cantidad que a la productora del programa, Zeppelin, por los daños ocasionados a raíz de la exhibición a la perjudicada de las imágenes grabadas.

El escrito de acusación señala que Gran Hermano Revolution es un reality televisivo emitido por Telecinco, cuya productora era Zeppelin Televisión S.A.U., y que se desarrollaba en una casa situada en la localidad de Guadalix de la Sierra. En este sentido la Fiscalía recuerda que el objeto del programa es la retransmisión durante 24 horas de la convivencia de los participantes conforme al reglamento de convivencia del programa, "del que se deduce una relación de trabajo de los concursantes con la productora".

¿Qué pasó la noche del 3 de noviembre de 2017 en 'GH'?

Los hechos se remontan al 3 de noviembre de 2017, cuando se organizó una fiesta en el interior de la casa "en la que por el programa suministró a los concursantes bebidas alcohólicas". En esa misma vivienda se encontraba la también la concursante Carlota P. A., con quien el acusado había comenzado una relación sentimental unos días antes.

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La joven, que durante el transcurso de la fiesta había ingerido "escasos" alimentos, bebió "al menos "cuatro chupitos de tequila, "por lo que alcanzó un estado de embriaguez que fue acentuándose y evidenciándose a partir de la media noche".

Así, sobre las una y media de la madruga del día siguiente y, cuando ambos se encontraban en el dormitorio que ocupaban, José María López Pérez, "que ya se había desprendido de sus pantalones", ayudó a la otra concursante a descalzarse y a introducirse en la cama que venían compartiendo. En ese momento, según afirma la Fiscalía, la joven conservaba puesta la "totalidad" de su vestimenta.

Acto seguido el acusado se introdujo en la cama mientras que la joven permanecía en silencio "en posición decúbito supino y con los ojos cerrados, realizando movimientos lentos y pesados, debido a su estado". José María López Pérez, "guiado por un ánimo libidinoso y a sabiendas del estado de semiconsciencia en que se encontraba y aprovechándose de esta circunstancia, comenzó a realizar bajo el edredón movimientos de claro contenido sexual, pese a que balbuceando débilmente, dijo "no puedo".

A continuación el acusado apretó su cuerpo contra el de la joven "en aras de satisfacer su deseo sexual, pese a que ella hasta en dos ocasiones levantó la mano como queriendo decirle que parara".

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Al mismo tiempo José María López Pérez pidió "en varias ocasiones a la concursante que abriera los ojos, pero la víctima permaneció inmóvil". Cuando ya el acusado le preguntó cómo se encontraba, ella "sólo" acertó a responder que se quitara, "momento en que aquélla se giró quedando de espaldas al acusado".

La Fiscalía pone de manifiesto en su escrito que José María López Pérez, tras cubrir a ambos con un edredón "continuó realizando tocamientos, frotamientos y movimientos de contenido netamente sexual, despojando a la víctima de su vestimenta, liberándole parcialmente de su ropa interior y desabrochándole el sujetador, pese a que ésta se encontraba ya en estado de inconsciencia".

Zeppelin ofreció un acuerdo extrajudicial 

A raíz de estos hechos, el concursante fue expulsado del concurso y la productora puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que en un primer momento no lo investigó porque la víctima no había querido denunciar. Carlota abandonó el programa pero regresó al mismo pasados unos días. 

Zeppelin se defendió alegando que "siempre hemos colaborado con las autoridades aportando todas las pruebas necesarias para la investigación, debidamente encriptadas y custodiadas, y del mismo modo mantenemos nuestra absoluta cooperación". La productora sí asumió errores, sobre todo relacionados con la forma en la que comunicó a Carlota lo que había ocurrido la noche anterior. Lo hizo en el confesionario del programa y sin ayuda psicológica, aunque esas imágenes nunca se emitieron. Por este motivo, la Fiscalía también pide 6.000 euros a la productora en concepto de los daños causados.

Posteriormente se supo que Zeppelin había ofrecido un acuerdo extrajudicial a Carlota Prado. La productora "contactó con mi abogado para ofrecerme 'no menos de 25.000 euros y una oportunidad de desarrollo profesional", explicó. "No sé con qué intención, no la he escuchado y no la voy a escuchar", dijo Carlota Prado en sus redes sociales. "Mi integridad no está en venta. Mi honor aquella noche ya lo vendisteis. Me compadezco y siento verdadera lastima por todas las personas que intentáis enterrar lo que me pasó y os ruego encarecidamente que repaséis vuestra moralidad", escribió.

En un comunicado, Zeppelin explicó que "presentó al abogado de Carlota una propuesta de acuerdo extrajudicial que pretendía ofrecer facilidades y apoyo económico que ayudasen a la afectada en el proceso legal y en su recuperación psicológica, siempre bajo la premisa de buscar una solución lo menos lesiva para ella, y tratar de asistirla en el largo proceso legal que queda todavía por delante. Lamentamos que Carlota lo haya interpretado de otra manera".

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