La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha denunciado a Alejandro Sanz, Joaquín Sabina y Pau Donés, entre otros músicos, por infracción fiscal, según han confirmado a Informalia fuentes de la entidad de derechos, que anuncian un comunicado en breve no sin insistir en que ellos han denunciado a "personas jurídicas" y "sus socios". Pero los músicos habrían utilizado precisamente esas sociedades como pantalla para eludir el pago de impuestos en sus cobros de derechos de autor.
Si bien es cierto que la SGAE no ha nombrado en sus denuncias a ninguno de estos artistas, detrás de esas compañías estarían tanto Sabina como Sanz y Donés habrían utilizado, de acuerdo con la denuncia, a varias multinacionales discográficas para llevar a cabo sus presuntas irregularidades. Fuentes de la investigación interna citadas por El Mundo cifran en 70 millones el posible fraude. La denuncia menciona a las sociedades que cobran las liquidaciones de los músicos citados, no a ellos personalmente.
Recordemos que la dirección actual de la SGAE presentó hace días una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid tras descubrir que "la operativa seguida" por algunos de sus socios, "en relación con la gestión, representación y administración de los derechos de autor, pudieran ser constitutivos de infracciones tributarias que pudieran ser penalmente relevantes, falsedad documental, administración desleal y frustración de la ejecución".
SGAE denuncia a la Fiscalía que Sanz y Sabina, entre otros, cobraron derechos de autor a través de sociedades "sin personalidad jurídica propia", controladas en realidad por las multinacionales que editaban sus obras, con Warner a la cabeza. Con estas sociedades intermedias, los autores se habrían ahorrado impuestos y se habrían beneficiado al hacerlo como personas jurídicas. Otros delitos como falsedad en documento mercantil podrían haberse cometido también.
Además, se habría producido administración desleal, puesto que varios miembros de las direcciones de estas multinacionales formaron parte también de la dirección de la entidad, con el consiguiente conflicto de intereses y la posibilidad de que ejercieran su poder dentro de la institución en beneficio de sus intereses.
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