El Premio Nobel responde a las acusaciones sobre una supuesta deuda de más de dos millones de euros que le reclama Hacienda. A través de un comunicado distribuido por sus asesores jurídicos, sostiene que el "trámite administrativo" que mantiene con el fisco se resuelva "de la forma más favorable para sus intereses".
Como recogíamos este martes, Mario Vargas Llosa recibió una notificación de la Agencia Tributaria por la que se le reclaman los 2,1 millones que, según Hacienda, debe el escritor peruano.
En su defensa, Vargas Llosa, que cumple 83 años en marzo, asegura que las autoridades tributarias españolas han estado en todo momento informadas de su residencia, sus rentas y su patrimonio, cumplimentando no solamente en las correspondientes declaraciones tributarias establecidas en la normativa vigente, sino también a través de escritos y presentando documentos.
La propia Administración tributaria admite que el novio de Isabel Preysler "no ha cometido ningún delito fiscal", según reseñan sus abogados. Afirman que dicha conclusión ha sido ratificada por un órgano colegiado de la delegación de Hacienda del que forman parte funcionarios de carrera del cuerpo de la Inspección Financiera y Tributaria.
El equipo jurídico-tributario que asesora al autor de La ciudad y los perros asegura que fue el propio Vargas Llosa quien realizó una consulta por escrito acerca de una duda interpretativa, en relación a su residencia fiscal de los años 2011 a 2014, en los que no vivía en España y que estuvo motivada por "la ambigüedad de la normativa española". Y recuerdan que la consulta tuvo lugar antes del inicio de cualquier actuación administrativa. "La Administración tributaria ha verificado que todos los datos presentados por el señor Vargas Llosa de forma voluntaria y espontánea son ciertos, no habiendo hallado ninguna información omitida o falsa", añaden. Además, aseguran que es falso que Vargas Llosa se encuentre entre los defraudadores en los denominados papeles de Panamá.
