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Carmen Martínez Bordiú niega que fuera condenada a pagar medio millón de euros por fraude fiscal

19:30 - 12/09/2018

Este martes diversos medios daban cuenta del supuesto varapalo judicial para la duquesa de Franco, según el cual habría sido condenada por el impago de unos impuestos a abonar 500.000 euros. La nieta del dictador admite que la Audiencia Nacional tumbó su recurso contra la Agencia Tributaria y pero matiza que no es una condena sino un desafe en la interpretación que finalmente favorece a la Hacienda Pública.

Poco después de las 19 horas de este miércoles, Carmen Franco nos ha enviado un comunicado por correo electrónico en el que desmiente o más bien matiza lo publicado por Infolibre y da su versión sobre su situación judicial con Hacienda. Reproducimos el comunicado que nos ha remitido por la nieta del dictador:

Con motivo de las recientes publicaciones que se han hecho eco en los diferentes medios de prensa en relación a mi persona, quiero manifestar lo siguiente: 

 

No he sido condenada por la comisión de ningún delito ni infracción administrativa y además no tengo ninguna deuda con la Agencia Tributaria. Reitero que estoy al corriente de mis obligaciones fiscales. 

No es cierto que haya sido condenada al pago de sanción alguna a favor de la Agencia Tributaria tal y como se asegura en medios de prensa. Aclaro que en mi declaración de IRPF del 2006 y 2007 declaré todas las ganancias patrimoniales obtenidas por la venta de acciones, acogiéndome a unas bonificaciones contempladas en la Ley de IRPF. La Agencia Tributaria interpretó que no quedaba acreditado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos previstos en la norma para la aplicación de dicha bonificación y en defensa de mis derechos recurrí este criterio.

La controversia administrativa finalizó por Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de marzo de 2018, en la que confirma el criterio de la Agencia Tributaria. Por supuesto, se trata de una desestimación de mis recursos, pero no ha supuesto la imposición de sanción alguna, porque la Administración no apreció la comisión de ninguna infracción tributaria por mi parte y por lo tanto no ha existido fraude ni evasión fiscal, tal y como se insinúa en las mal intencionadas notas de prensa publicadas desde el día de ayer.  

Estamos ante unas normas que generan mucha controversia y son especialmente complejas, mi actuación ha estado absolutamente amparada en una interpretación razonable de la norma y la propia Sala ha llegado a reconocer en la Sentencia la complejidad de la situación enjuiciada, al señalar expresamente en el Fundamento de Derecho Quinto:

"La complejidad de la situación enjuiciada deriva en buena medida del hecho de que confluyen, en la determinación de sus efectos tributarios, múltiples preceptos, haciéndose en unos varias remisiones a los otros". 

Insisto en que declaré la totalidad de las cantidades oportunamente en forma y plazo y me acogí a una bonificación prevista en la normativa tributaria vigente y además dicha deuda tributaria, resultante de la regularización practicada, fue completamente abonada, sin que en ningún momento haya entrado en vía ejecutiva, por lo que no se adeuda ninguna cantidad. Reitero que la Administración tributaria apreció que no existió ninguna conducta constitutiva de infracción tributaria, tal y como se recoge en el acuerdo de liquidación, ratificado por la Audiencia Nacional, en el que se hace constar lo siguiente:

 

"En base a los hechos y circunstancias de cuyo reflejo queda constancia en el expediente, y en opinión del actuario abajo firmante, no existen indicios de la comisión de infracciones tributarias tipificadas en el artículo 183 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, porque dada la complejidad de las normas utilizadas en la declaración de la ganancia patrimonial, y el hecho de que la propuesta de regularización se basa en la calificación de la actividad de  arrendamiento como generadora de rendimientos del capital inmobiliario, en vez de rendimientos de la actividad económica, así como en la interpretación de normas jurídicas de manera contraria a la mantenida por el contribuyente, sin que esta última merezca el calificativo de irracional, no se aprecia en el comportamiento del contribuyente el elemento subjetivo de culpabilidad requerido en una conducta constitutiva de infracción tributaria".

 

Por tanto, las manifestaciones vertidas por los medios de prensa son absolutamente tergiversadas e insidiosas. Es por ello que me veo en la obligación de emitir el presente comunicado, reservándome las acciones legales que procedan frente a quienes continúen atentando y manipulando la verdad.

 

Madrid a 12 de septiembre de 2018

_______________________

Doña Carmen Martinez-Bordiú  

Según afirmaba Infolibre,  la actual duquesa de Franco habría sido condenada en marzo pasado a pagar 525.063 euros a la Agencia Tributaria por un desfase a la hora de su declaración de renta. Esta multa (no lo es, según Bordiú)  tendría su origen en el año 2006 cuando vendió unas acciones de la empresa FR Promociones del Suroeste S.A. que en esa misma fecha le habría donado su madre, Carmen Franco. Por esa operación supuestamente ingresó nueve millones de euros, con los que se supone que adquirió diversas propiedades. De acuerdo con lo difundido, Carmen Martínez-Bordiú redujo esa cifra de la ganancia real a 6,7 millones de euros y, por lo tanto, consideró que había defraudado.

La Audiencia Nacional habría condenado a la nieta de Francisco Franco, Carmen Martínez Bordiú, a pagar medio millón de euros por impuestos impagados tras obtener 9.9 millones por la venta de unas acciones en el año 2006. La nueva duquesa de Franco habría declarado como ganancia de esta venta 57.000 euros y no los 6.7 millones en los que Hacienda calcula el beneficio.

Martínez Bordiú habría adquirido con fecha de 6 de julio de 2000, mediante escritura pública de donación, 42 acciones de una inmobiliaria que pertenecían a su madre. Según manifestó, se acogió por la donación referida a la reducción del 95% regulada en el artículo 20.6 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; no habiendo efectuado declaración en dicho impuesto.

El 28 de abril de 2006 supuestamente vendió, mediante escritura pública de compraventa, las 42 acciones por un importe total de 9.902.827,54 euros, cantidad que se supone invirtió en la adquisición de una vivienda, dos plazas de garaje y un trastero en Santander por un importe de 1.959.050 euros más IVA de 140.987 euros; un chalet en el término de Andratx, por el importe de 1.475.200 euros; y dos fincas sitas en el municipio de Miera, por un importe de 360.607,26 euros. Bordiú habría alegado que dichos inmuebles se destinaron a la actividad económica de arrendamiento.

Según ha apuntado la web de Antena 3, la sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse en el plazo de 30 días contados desde el día siguiente al de su notificación.


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Comentarios 1

#1
12-09-2018 / 10:06
Puntuación 2   A Favor   En Contra

Veremos cómo por arte de bir- li- bir- lo-que.....la tía se libra de pagar!!!!!