La presidenta de la Comunidad de Madrid ha rrecurrido a un abogado particular, no a los servicios jurídicos de la Comunidad, para presentar este jueves la querella criminal que anunció contra Francisco Granados por delitos de injurias y calumnias. En sus declaraciones, el ex secretario general del PP madrileño comentó que Cifuentes mantenía una estrecha relación con el anterior presidente, Ignacio González. Por ello, la querella apunta a un posible delito contra la integridad moral al entender que ha habido "un ataque de carácter personal, desconectado de cualquier interés procesal, que supone una ofensa directa y gratuita contra la dignidad de Cristina Cifuentes".
También aseguró Granados, sin pruebas, que la jefa del ejecutivo madrileño conocía una "caja b" con la que se pagaron gastos de "refuerzo" de la campañas de Esperanza Aguirre en 2007 y 2011. La demanda se fundamenta en la vulneración de los artículos 205, 206, 208, 209, 211 y 173.1 del Código Penal y exige responsabilidades tanto en el ámbito civil como penal. El escrito señala que las declaraciones de Granados no se basan en "el legítimo ejercicio del derecho de defensa", sino que suponen "un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cristina Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria".
La querella estima que las manifestaciones de Granados responden también al tipo penal de la calumnia al "pretender" relacionar a Cifuentes "con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad". Dada la situación procesal de Granados, y la posibilidad de que reciba otras condenas de prisión ya ha sido condenado, pero no en firme), es relevante recordar que las calumnias son castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad, como es el caso. De prosperar esta denuncia de Cifuentes, la pena que se impusiera podría ser por tanto de efectivo cumplimiento y sumarse a otras si en su caso Granados fuera finalmente sentenciado a penas que implicaran privación de libertad. "No va a salirle gratis", avisaba indignada Cristina Cifuentes tras las acusaciones de su ex compañero de partido.
La querella de Cifuentes ha sido interpuesta por un abogado particular y sin la intervención de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, según afirman fuentes jurídicas citadas por la agencia Efe.
