El Rey del Pollo Frito celebró el pasado 25 de noviembre su 60 aniversario. Posiblemente fuera su cumpleaños más triste porque ya sabía desde hace tiempo que una semana después se enfrentaría en el banquillo de la Audiencia Nacional a una petición de cuatro años y diez meses de cárcel. Este miércoles ha comenzado el proceso contra el cantante, acusado junto a otros tres ex directivos de la SGAE de urdir, presuntamente, una trama de emisión de facturas falsas con la que sustrajeron 57.402 euros a la entidad.
José Ramón Márquez, Ramoncín, que estuvo en la Junta Directiva de la SGAE entre 1998 y 2007, se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 4 años y 10 meses de cárcel por supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad documental, así como a una multa de 13.924 euros por presunto delito societario. De la misma forma, el fiscal José Miguel Alonso pedirá idéntica pena para el ex director general de la SDAE, filial digital de la SGAE, y presunto cabecilla de esta trama, José Luis Rodríguez Neri, en el juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional. Además, en concepto de responsabilidad civil, el fiscal reclama que Ramoncín indemnice a la SGAE con 50.912 euros, una cantidad de la que responderá solidariamente Neri hasta la cuantía de 43.950 euros.
Las cinco operaciones supuestamente fraudulentas
La Fiscalía imputa a Ramoncín y su socio cinco operaciones delictivas con las que presuntamente sustrajeron 57.402 a la SGAE. La primera de estas operaciones fraudulentas consistió en la emisión en 2008 de una factura de 10.100 euros a nombre de Ramoncín por parte de la sociedad 'Portal Latino', que tenía a la SDAE como único socio, con el objeto de poner en marcha un programa de televisión llamado El Creador (cuya realización no consta). Con ese mismo sistema, el cantante facturó 5.800 euros por un proyecto llamado 'Caja fuerte virtual' y 16.250 euros por un programa titulado ¿Hablamos el mismo idioma?, que en ambos casos tampoco se llevaron a cabo, expone la fiscalía. Ya en 2010, Ramoncín cargó otra factura por 6.962 euros que amparó en el llamado "elaboración del proyecto de divulgación de derechos de autor" y en 2011 obtuvo 6.490 euros bajo el concepto "Adelanto de la indemnización contemplada en la sentencia del Tribunal Supremo de 2011", para lo que contó en ambos casos con el beneplácito de Loras y Hernández y que el cantante cobró a través de su sociedad Jupiter Music.
El pasado mayo, el juez José de la Mata acordó abrir una pieza separada desglosada de la causa principal abierta en 2011 a exdirectivos de la SGAE, entre ellos el expresidente Teddy Bautista, para facilitar el enjuiciamiento de estos cuatro imputados.
El caso SGAE lo abrió en 2011 el juez Baltasar Garzón a raíz de la operación en la que fueron detenidos, entre otros, el presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Teddy Bautista, su director general, Enrique Loras, y el director financiero, Ricardo Azcoaga, así como la esposa de Neri, Antonia García, por su relación con la empresa Microgénesis, vinculada a su marido.
Hace un año, la Audiencia Nacional condenó a dos años y medio de cárcel al exdirector de Relaciones Corporativas de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Pedro Farré López por cargar en su tarjeta corporativa gastos en locales de alterne en horas nocturnas entre 2008 y 2009, que ascendieron a 40.000 euros.
En cuanto a los otros dos acusados, para el ex secretario general de la SGAE Pablo Antonio Hernández Arroyo y el ex director general de la entidad Enrique Loras, la Fiscalía solicita dos años y nueve meses de cárcel en caso del primero y dos años al segundo, así como multas de 40.356 y de 20.886 euros, respectivamente, por administración fraudulenta.