El juez Adolfo Carretero, que instruye el caso de las mascarillas, ha citado a declarar como testigo a la profesora de universidad que facilitó a Luis Medina el contacto del primo del alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida.

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Al hijo menor de Naty Abascal se le imputan presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental, además de otro de alzamiento de bienes.

Se llevó una comisión de un millón de dólares (presuntamente irregular) por hacer de intermediario en la venta de mascarillas, test Covid y guantes al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia. El material procedía de la empresa malaya Leno.

Su socio, Alberto Luceño, se embolsó una comisión de cinco millones y, al igual que el hijo del fallecido duque de Feria, declaró el pasado lunes 25 de abril en los juzgados de Plaza de Castilla.

María Díaz de la Cebosa, presidenta de la universidad CIS, comparecerá el próximo 9 de mayo ante el magistrado en el marco de la instrucción, según consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Según Medina, fue la persona que le facilitó el contacto del primo de Almeida para iniciar las negociaciones con el consistorio de Madrid: "A mí quien me pasa el contacto del Ayuntamiento es la directora de mi antigua universidad, que me dice que conoce... Que tiene contacto", declaró Medina ante el juez, según recoge El Confidencial. 

Carretero le preguntó por el nombre de esta persona y él le respondió: "Se llama María Díaz de la Cebosa, y ella me dice: 'Luis, yo conozco bien al primo del alcalde, Carlos'. Entonces me da su número, yo le escribo a Carlos y Carlos me dice: 'Mira, Luis, te voy a pasar el contacto de la persona...'".

"Ella es la directora de una universidad en la que yo estuve un año y con la que mantengo buena relación", añadió. Se refiere a la elitista y exclusiva universidad americana de Madrid, The College for International Studies, donde a día de hoy estudian otros rostros como Victoria Federica y su hermano, Froilán. 

"Yo hablando con esta señora, María, le digo que quiero contactar con la comunidad o el ayuntamiento y ella me dice: 'Oye, yo tengo amistad con...'", relató. 

Luis habría confirmado que contactó con el consistorio a través de una llamada al primo del alcalde popular. "Llamé a Carlos y le dije que teníamos material sanitario para vender. Al ser el primo del alcalde, imaginé que me podría dar algún contacto en el Ayuntamiento. Me dio un mail que creo que era de Elena Collado".

Elena Collado es la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Una vez llegaron hasta la funcionaria, Medina asegura que su socio "hizo todo el trabajo" hasta cerrar los tres contratos con el ayuntamiento. Collado también está citada a declarar el mismo día que la profesora, el 9 de mayo. 

En la resolución, el juez cita también como testigo a Javier Martín Moreno, trabajador de una entidad bancaria. Además, da traslado a las partes personadas para que se pronuncien sobre la condición de la citación del primo de Almeida, ya que Podemos pidió que declarase como investigado y el resto en calidad de testigo.

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Las acusaciones populares que representan a Podemos y a Más Madrid habían solicitado al juez la declaración de la profesora en calidad de testigo después de que Luis Medina confirmara en su declaración que la directora de esta universidad le facilitó el contacto de Carlos Martínez-Almeida.

El pelotazo de las mascarillas

La operación se canalizó a través de la empresa funeraria municipal al tener que adelantarse el pago del 50%. Medina, como intermediario, obtuvo una comisión de un millón de dólares (925.000 euros), que destinó a la compra de un velero por 325.515 euros y a dos bonos de inversión por valor cada uno de 200.000 euros.

En relación a la comisión que cobró, Luis confesó ante el juez que era "normal" en el mundo comercial. Su socio, Alberto Luceño, se embolsó una comisión de cinco millones de dólares.

El sumario de la investigación destapó que días después de recibir las transferencias de la empresa malaya Leno, Medina transfirió el dinero a una cuenta en Países Bajos, dejando una de sus cuentas prácticamente vacía y otra en números rojos.

En la querella, el fiscal solicitó el embargo del velero y de las cuentas bancarias. Al comprobar el juez que tenía menos de 250 euros, procedió a fijar a instancias de Anticorrupción una fianza de 981.000 euros, en cuyo caso de impago se procederá a embargar los derechos hereditarios del investigado en relación a la herencia de su abuela, la duquesa de Medinaceli.

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