Luis Medina declaró este lunes 25 de abril en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por el momento, el juez Adolfo Carretero tomó la decisión de retirarle a él y a su socio, Alberto Luceño, el pasaporte.

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En su declaración, el hijo menor de Naty Abascal se definió como "broker de materias primas: carne, alimentación y minería".

Según él, esta era su dedicación principal antes de que la pandemia del Covid-19 irrumpiera en nuestras vidas y él recibiera una comisión, presuntamente irregular, de un millón de dólares (925.000 euros) por la venta de mascarillas, guantes y test al Ayuntamiento de Madrid: "Hasta que empezó el Covid no me he dedicado a temas sanitarios", explicó el hijo del desaparecido duque de Feria. 

El empresario y su socio, cuya comisión fue de cinco millones, negociaron esta gestión en lo peor de la pandemia, en marzo de 2020, en la primera ola. 

En su declaración, Medina, a quien también se le imputa un delito de alzamiento de bienes, habría confirmado que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde popular de la capital. Este le facilitó, supuestamente, el correo electrónico de la responsable de Compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado.

La responsable municipal fue la persona que negoció con el socio de Medina la operación para traer el material provisto por la empresa malaya Leno "en el momento más álgido de la pandemia cuando había miles de fallecimientos diarios", tal y como definió el juez en un auto.

La operación se canalizó a través de la empresa funeraria municipal al tener que adelantarse el pago del 50%. El empresario, como intermediario, obtuvo una comisión de un millón de dólares (925.000 euros), que destinó a la compra de un velero por 325.515 euros y a dos bonos de inversión por valor cada uno de 200.000 euros. En relación a la comisión que cobró, Luis confesó que era "normal" en el mundo comercial.

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El sumario de la investigación destapó que días después de recibir las transferencias de la empresa malaya Leno, el aristócrata transfirió el dinero a una cuenta en Países Bajos, dejando una de sus cuentas prácticamente vacía y otra en números rojos.

En la querella, el fiscal solicitó el embargo del velero y de las cuentas bancarias. Al comprobar el juez que tenía menos de 250 euros, procedió a fijar a instancias de Anticorrupción una fianza de 981.000 euros, en cuyo caso de impago se procederá a embargar los derechos hereditarios del investigado en relación a la herencia de su abuela, la duquesa de Medinaceli.

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