El Alto Tribunal de Londres ya tiene sentencia de divorcio para Mohammed bin Rashid Al Maktoum (77) y su esposa, la princesa Haya (47). El Emir de Dubai deberá pagar 645 millones a la que ha sido su sexta mujer y sus dos hijos Al Jalila y Zayed, de 14 y 9 años. Concretamente, 295 millones de euros para la primera y 340 millones de euros para los niños.

La sentencia especifica, además, que las cantidades pueden variar en función de los años que vivan los hijos y también de la relación paterno filial, de cara a una futura reconciliación.

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El proceso comenzó en julio de 2019, cuando la princesa Haya huyó a Alemania y de allí a Londres con Al Jalila y Zayed. Aseguró entonces que temía por su vida y solicitó asilo y protección, además de una orden de alejamiento de su esposo, al que acusó de malos tratos. Desde entonces, vive en una mansión ubicada en Kensington Palace Gardens, una de las zonas más caras de la capital británica. Según fuentes de la BBC, la princesa habría descubierto algunos hechos "inquietantes" detrás del misterioso regreso a Dubai de Sheikha Latifa, una de las hijas del jeque, que había huido en 2018 y regresó a Emiratos Árabes a la fuerza, al ser interceptada en la costa de India.

La hija del rey Husein, nacida en Jordania y educada en el Reino Unido, se casó con el jeque en 2004, convirtiéndose en su sexta mujer. Educada en la escuela Bryanston, en Dorset, la princesa se graduó en la prestigiosa Universidad de Oxford, pero lo dejó todo para dedicarse a su familia. Tras su huida, el jeque la tildó de "traidora" y su entorno filtró el rumor de que Haya había mantenido una relación extramatrimonial con uno de sus guardaespaldas. Tras ser nombrada primera secretaria de la embajada de Jordania en Londres, garantizando así la inmunidad y la protección diplomática, emprendió una dura batalla judicial por la custodia de sus dos hijos, asegurando que su hija sería forzada a contraer matrimonio si regresaba a Dubai. Entonces, el Tribunal de Londres le concedió la misma y ahora ha condenado a su esposo a indemnizarlos con 645 millones de euros.

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