Continúan los problemas judiciales para Arantxa Sánchez Vicario. Según publica El País, la tenista ha presentado ante el juez un escrito de defensa en el cual asume su culpa y muestra su arrepentimiento con el objetivo de obtener una rebaja en la pena y no ingresar en prisión. En el texto, al que ha tenido acceso el citado medio, reconoce su implicación, pero alega que ha sido "víctima" de su exmarido, Josep Santacana, al que acusa de haber despilfarrado el patrimonio que creó durante su carrera deportiva.

En el escrito de acusación, consultado por Europa Press, el fiscal detalla que la tenista actuó "bajo las consignas de su marido" una vez se le notificó la reclamación de la deuda en julio de 2010. El fiscal sostiene que "idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad", por el que vaciaron sus cuentas corrientes.

El ministerio público culpa a ambos de un delito de alzamiento de bienes o de insolvencia punibles. Asimismo, reclama cuatro años de cárcel para ellos y 8.640 euros de multa, además de 6,1 millones en responsabilidad civil. Para los cómplices solicita tres años y medio de prisión y multa de 7.560 euros.

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La Fiscalía asegura que hicieron "desaparecer" el dinero que Sánchez Vicario había cobrado en créditos y por reportajes en medios de comunicación. El fiscal expone que la tenista era propietaria y beneficiaria de al menos cinco empresas, titulares de varios bienes inmuebles, que después de notificársele la deuda con Hacienda pasaron a estar a nombre de una sociedad uruguaya. Así, "realizaron numerosas operaciones de venta con el fin de obtener dinero y ocultarlo para frustrar el cobro" de la deuda.

La Fiscalía también acusa como cooperadores necesarios a quienes supuestamente hicieron de testaferros, quedando como únicos titulares de las empresas de la tenista.

La número 1 del tenis mundial asume ahora este relato de la acusación, que pide en su escrito al juzgado una rebaja de la pena para no tener que entrar en prisión y añade que ha tratado de reparar en lo posible el daño al satisfacer 1,8 millones de euros de una cifra que hoy alcanza los 6.170.942 euros más intereses. 

Borja Vives, socio de DWF-RCD y el abogado de la jugadora, pide que se le imponga una condena de siete meses de cárcel y que se decrete de inmediato la suspensión de la pena. El Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona será el encargado de analizar este último escrito, como ya hizo con los presentados por el fiscal y el Banco de Luxemburgo, y que terminaron con el procesamiento del matrimonio y otras cinco personas acusadas por presunta colaboración para cometer este delito. 

La deportista cuenta que cedió con "despreocupación, ignorancia y confianza" la gestión de su patrimonio, que hoy ha desaparecido, a Santacana. Una versión que no concuerda con la del empresario, que expresa que, al casarse con Arantxa, la familia de la extenista le obligó a firmar unas capitulaciones matrimoniales para mantenerle alejado del patrimonio, según lo publicado en el citado medio.

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