El ex juez de la Audiencia Nacional y la fiscal general del Estado llevan más de un año de relación pero este martes vuelven a estar en el ojo del huracán. ¿El motivo? Un contrato por valor de nueve millones de euros que ha facturado el bufete de Baltasar Garzón a Venezuela por "labores de coordinación con la Fiscalía española".
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Ilocad, bufete del que es administrador único Baltasar Garzón, fue contratado en el año 2016 por la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, para diversas tareas, entre ellas la "coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial". Dicho documento, que ha sacado a la luz The Objective, refleja una minuta de 8,8 millones de euros por dichos servicios. Por ejemplo, las demandas contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho.
Dolores Delgado, por su parte, es la responsable de los fiscales que se enfrentan al bufete Ilocad, como acusación o defensa, en cada proceso en el que participan. De hecho, su posición ya se vio comprometida en el Caso Tándem, que investiga las actividades del ex comisario José Manuel Villarejo, en las que se veía salpicado Garzón. En aquel momento, ella declaró que no se sentía "concernida" ni creía que debiera apartarse por afectación directa o indirecta debido a su relación con el ex juez. Sin embargo, un fiscal de Tándem sí fue apartado por la propia Delgado, acusado de mantener una relación con una abogada y filtrarle información.
La querella del PDVSA contra Bariven fue presentada por Ilocad a mediados de 2017. Aportó un listado de 2.600 contratos que sumaban 2.000 millones de dólares otorgados por Bariven a Roberto Rincón y Abraham Shiera. Las contrataciones de mayor monto precisaban la autorización de PDVSA, matriz de Bariven. La juez, con apoyo de la Fiscalía, requirió hace un año dicha documentación, esencial para esclarecer quién ordenó pagar a dichos proveedores sospechosos pero, un año después, la petrolera que defiende Garzón sigue sin entregarla. ¿El motivo? Dichos documentos reflejarían las firmas de Eulogio del Pino, el presidente Nicolás Maduro y Asdrúbal Chávez, primo de Chávez, todos ellos ex miembros de la dirección de PDVSA, por lo que si Ilocad entregara a la justicia española todos los permisos de compras, todos ellos serían investigados.
Carvajal, otro conflicto en la pareja
Pero esta no es la única causa que enfrenta a Garzón con Dolores Delgado en el plano judicial. Y es que la Justicia española debe decidir la extradición del exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo 'el Pollo' Carvajal, conocedor de los contratos de PDVSA y al que el bufete de Garzón ya libró de la extradición a Estados Unidos por un delito de narcotráfico. Carvajal dice tener documentados oscuros negocios vinculados a la coalición que gobierna España y, a pesar de esto, la Fiscalía de Dolores Delgado se inclina por extraditarlo sin investigar.
Garzón (64) y Delgado (57) comenzaron su relación en junio de 2020 y pocos meses después dieron el paso de compartir casa. Ambos hacen oídos sordos a los que ponen el foco en el conflicto de intereses con el que conviven a diario y que, en otros casos, ha provocado la dimisión de una de las partes o la renuncia a sus labores. Ellos continúan no solo con su trabajo sino con su proyecto de familia, numerosa en este caso, pues el ex juez tiene tres hijos mayores fruto de su matrimonio con María Rosario Molina; mientras que Delgado aporta otros dos hijos, ya veinteañeros, de su matrimonio con el fotógrafo catalán Jordi Valls.
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