La justicia ha asestado un duro revés a la presentadora, que había solicitado, a través de un recurso, la cancelación de las regularizaciones y multas impuestas por la Agencia Tributaria relativas a las declaraciones del IRPF de 2007, 2008 y 2009. Este martes, la Audiencia Nacional lo ha desestimado y obliga a Patricia Conde (41) a pagar 1,1 millones de euros.
La Administración considera que la artista rebajó su factura fiscal a través de una sociedad vinculada de la que era la única socia y de la que cobró por servicios que no se ajustaban a los precios de mercado, además de desgravarse gastos personales que no eran deducibles, como tratamientos de belleza y la reforma de su vivienda. "El resultado ha sido provocado por una defraudación consciente y voluntaria", alega la inspección. Conde entró en la lista de morosos de Hacienda en 2017.
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La ex de Dani Martín gestionó su dinero, como muchos otros famosos, a través de una sociedad, una fórmula que le permitía pagar un IRPF más bajo. A través su empresa, Creative Management y Producciones, desgravó ropa, maquillaje e incluso la reforma de su vivienda en La Moraleja (Alcobendas). Conde alegó que la casa era la sede de la sociedad y que los gastos estaban vinculados al ejercicio de su actividad, pero los jueces dieron la razón a la Administración.
El disgusto, sin embargo, no ha borrado la sonrisa de Patricia Conde, que está de vacaciones con su hijo Lucas, fruto de su matrimonio fallido con el empresario mallorquín Carlos Seguí.
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