El rey Juan Carlos cometió un error garrafal el pasado mes de diciembre, cuando regularizó voluntariamente el dinero sin declarar que había recibido del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause para evitar una inminente querella de la Fiscalía por presunto fraude fiscal. Según cuenta este lunes El Confidencial, regularizó más dinero del descubierto por la Fiscalía, lo que no hizo más que aumentar las sospechas sobre su verdadero patrimonio.

El padre de Felipe VI pagó a Hacienda un total de 678.393 euros por las cantidades presuntamente defraudadas y los recargos e intereses correspondientes. Sin embargo, dicha cifra era más de lo necesario. Fuentes cercanas a Hacienda y el Ministerio Público reconocen que don Juan Carlos abonó en su primera regularización más dinero del que correspondía para las cantidades opacas que se le atribuían en ese momento.

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Este movimiento causó una gran sorpresa en el Fisco. En una equivocación de principiante, el marido de la reina Sofía estaba admitiendo que había recibido más fondos de Sanginés-Krause de los que habían sido descubiertos hasta entonces. A partir de esa fecha, su futuro procesal se ha complicado.

El desfase entre las cantidades llevó a la Fiscalía del Tribunal Supremo a reabrir las diligencias para estudiar otros posibles métodos de entrega de dinero de Sanginés-Krause a don Juan Carlos. También provocó que se extendieran las dudas a otras fuentes de ingresos del monarca.

El Emérito realizó una segunda regularización voluntaria el pasado 25 de febrero, menos de tres meses después de la primera, depositando en la Agencia Tributaria otros 4,4 millones de euros que correspondían al dinero que recibió de la Fundación Zagatka, de su primo Álvaro de Orleans, en ejercicios no prescritos (2015 a 2018), para pagar vuelos privados, gastos de agencias de viajes y otros servicios.

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En el caso de que ambas regularizaciones no se correspondan con el dinero evadido y la cuota defraudada supere los 120.000 euros por ejercicio, el rey Emérito se expone a una querella por un presunto delito contra la Hacienda Pública. También se investiga si ha cometido blanqueo de capitales.

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