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Shakira presenta un certificado de residencia en Bahamas para librarse de Hacienda, pero no 'cuela'

La cantante colombiana arrastra un contencioso con la Hacienda española desde hace varios años por un presunto delito de fraude fiscal del que la mujer de Gerard Piqué se declara inocente. Este jueves, su defensa ha presentado una nueva prueba para demostrar que Shakira no miente: un certificado de residencia en Bahamas de 2015. La Agencia Tributaria no lo ha reconocido en el proceso.

El pasado mes de abril, la Agencia Tributaria ratificó en un nuevo informe que Shakira defraudó a Hacienda, entre los años 2012 y 2014, 14,5 millones de euros. Sostiene que la mujer de Gerard Piqué estuvo más de la mitad de cada año más un día (184) en España, el mínimo para ser considerado residente fiscal y tener la obligación de pagar los impuestos en el país. El juzgado de Esplugues de Llobregat (donde reside la cantante colombiana con su familia) citó a los peritos de Hacienda y a la defensa para que plantearan sus tesis este jueves y la de Shakira sigue siendo la misma: se declara inocente. De hecho, presentó un certificado de residencia en Bahamas para demostrar que residía oficialmente en España.

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Sin embargo, la Agencia Tributaria afirma que este certificado no demuestra la residencia fiscal y, por tanto, no lo reconocen en el proceso.

El foco del desacuerdo se encuentra en la manera de contabilizar los días que Shakira pasó en España: mientras que su defensa pide que solo se tengan en cuenta los que la artista pasaba físicamente en el país, la Agencia Tributaria incluye también los días esporádicos que se ausentaba por compromisos laborales.

En 2018, la Fiscalía presentó una querella contra la cantante y su asesor fiscal en Estados Unidos, a los que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública por urdir un "plan" para no pagar ni el IRPF ni el impuesto sobre el patrimonio, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que Shakira percibía. La cantante pagó a la Agencia Tributaria unos 20 millones de euros correspondientes al año 2011 y depositó otros 14,5 para saldar el resto de la deuda.

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