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El Estado deberá pagar a los Franco los gastos de conservación y obras en el Pazo de Meirás desde 1975

Buenas noticias para la familia Franco. El Estado deberá pagar a los herederos del dictador los gastos que han destinado al mantenimiento y conservación del Pazo de Meirás desde 1975, año de su muerte. La Audiencia Provincial de A Coruña ha emitido una resolución en la que se obliga a resarcir a los Franco por todo el dinero invertido en la propiedad.

En dicha sentencia, eso sí, también se ha confirmado que el edificio y su terreno son propiedad del Estado, respondiendo así al recurso de apelación presentado por la familia Franco contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña el pasado mes de septiembre, en la que se obligaba a los herederos a entregar el inmueble al Estado.

Los jueces mantienen la propiedad pública del Pazo de Meirás, pero matizan la cuestión de los gastos, revocando parcialmente el fallo de primera instancia y reconociendo el derecho de los seis nietos de Franco a ser resarcidos en los gastos necesarios en que incurrieron para la conservación del inmueble. De esta forma, se admite la petición de la familia que les negaba el fallo original.

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La sentencia de la Audiencia considera acreditado que los Franco realizaron "múltiples obras de rehabilitación y mantenimiento" y que, tras el incendio que destrozó parcialmente el inmueble en el año 1978, ejecutaron "múltiples reparaciones". Por ello, ven "obvio" que si el Pazo de Meirás hubiese estado abandonado durante 45 años, "su estado actual sería ruinoso".

La cantidad que deberá abonar el Estado a la familia por los gastos de estas últimas cuatro décadas se definirá en la fase de ejecución de la sentencia.

Así las cosas, la Audiencia Provincial enmienda la decisión de la jueza de primera instancia, Marta Canales, quien sostenía en su sentencia que no cabía esa devolución porque la propiedad fue incorporada al patrimonio de la familia Franco "de mala fe". Los jueces concluyen que no hay pruebas de que los herederos fuesen conscientes de que el título de propiedad de su abuelo fuese inválido.

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