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El veto oculto de la reina Isabel II a las leyes británicas enfurece a los ciudadanos del Reino Unido

La investigación de The Guardian podría dejar en una situación muy delicada a la reina Isabel II. El diario británico ha desvelado que la monarca presionó al gobierno de Edward Heath en 1973 para que cambiara un proyecto de ley con el objetivo de ocultar su fortuna privada a los ciudadanos de Reino Unido.

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Lo hizo a través de un procedimiento llamado "consentimiento de la reina", una táctica un tanto oscura que permite a Isabel II ejercer un posible veto sobre las leyes propuestas por el Gobierno británico. El funcionamiento de este procedimiento siempre ha permanecido oculto a la vista del público.

Con este "consentimiento de la reina", la Reina de Inglaterra presionó a los ministros para que modificaran el proyecto de ley y evitar así que salieran a la luz sus acciones en diversas empresas. Tras estas presiones, el gobierno incluyó una cláusula a la ley que eximía a jefes de estado hacer públicas las empresas en las que invertía.

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Pero este veto parece haberse utilizado en más ocasiones, desatando así una gran ola de indignación en el Reino Unido. Son muchos los que creen que este procedimiento es opaco y difícil de entender, ya que se desconoce el tipo de legislación que cumple con esos criterios y las causas por las que se invoca el "consentimiento de la reina". No hay forma de conocer lo dañino que puede llegar a ser para la legislación británica.

Tampoco se sabe el origen de este derecho de la Reina. Es imposible determinar si se trata de un proceso esencialmente simbólico, comparable con el asentimiento real, o se brindó a Isabel II una oportunidad genuina para que vetara la legislación o influyera en la política.

Adam Tucker, profesor titular de derecho constitucional en la Universidad de Liverpool, es uno de los más críticos con este privilegio de la monarca: "Este grado de implicación en el proceso legislativo es injustificable. Se trata de un grave error constitucional que ha sobrevivido sólo tras ser oscurecido. En la famosa formulación, la Reina en nuestra monarquía constitucional tiene el derecho de 'ser consultada, aconsejar y advertir'. Ahora está claro que el proceso de consentimiento de la reina va más allá de los límites de la participación legítima establecidos por esos derechos", declara.

El profesor también recuerda que en 2014 una comisión parlamentaria contempló la abolición del proceso, pero lo rechazaron al no apreciar "ninguna evidencia que sugiera que la legislación alguna vez se modifique". Las últimas revelaciones de The Guardian podrían impulsar a los miembros del parlamento a revisar esa decisión, según dice Tucker, que deja claro que "no hay lugar para este proceso en el funcionamiento de una democracia del siglo XXI".

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