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Susana García Cereceda no irá a prisión: pacta con Fiscalía y será condenada a 22 meses de cárcel tras admitir que contrató a Villarejo para espiar a su hermana

Susana García-Cereceda ha llegado finalmente a un acuerdo con la Fiscalía, que pedía 17 años de prisión para la heredera de La Finca: ella admite que encargó a Villarejo el espionaje a su hermana Yolanda y la pena se le queda en menos de dos años, con lo cual no ingresará en prisión.

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El pacto ha supuesto un gran alivio para la hija mayor de Luis García-Cereceda, promotor de esta urbanización de lujo, la más cara y exclusiva de España. El enfrentamiento entre las dos herederas del poderoso constructor se inició a la muerte del padre en 2010, el mismo año en que Yolanda, su hija menor, perdió la custodia de sus tres hijos, al considerar su hermana que no presentaba las mejores condiciones psicológicas para atenderlos. Entonces, un juez adjudicó la tutela de los niños a su tía Susana.

Un año después, Yolanda fue incapacitada jurídicamente y pasó a ser tutelada por la Fundación Afal. Tuvieron que pasar seis años para que Yolanda recuperara judicialmente su capacidad legal para disponer de su vida personal, de sus bienes y de su fortuna. 

Desde el entorno de Susana nos cuentan que fue aquella inestabilidad psicológica y emocional la que llevó a la primogénita a investigar los movimientos de Yolanda, entre ellos sus planes de boda con Jaime Ostos Junior, hijo del famoso torero y aficionado como ella a los caballos. Porque lo que realmente estaba en juego, era la sustanciosa herencia de su padre, estimada en unos 1.000 millones de euros, y la gestión de su imperio inmobiliario.

El hombre de confianza de Susana encargó entonces al ex comisario José Manuel Villarejo que vigilara a la hermana menor y a su marido Ostos Jr., seguimiento que el polémico policía, ahora encarcelado, extendió también a Silvia Gómez Cuétara, segunda esposa y viuda del creador de La Finca, y al arquitecto Joaquín Torres, artífice del diseño y construcción de la urbanización. Villarejo cobró 340.000 euros por pinchar los teléfonos de todos ellos y escudriñar en su intimidad. Se trataba de que su clienta tuviera ventaja sobre su hermana y la viuda de su padre en la lucha por el fabuloso legado familiar.

El encargo acabó con la denuncia que pusieron Yolanda, Joaquín y Silvia por investigación ilícita, que derivó en la acusación de la Fiscalía a Susana García-Cereceda de cohecho, revelación de secreto de empresa, falsedad documental y petición de casi 17 años de prisión. Para Villarejo el fiscal solicita otros 38 años.

La gravedad de su situación jurídica, y el temor a una condena tan terrible hizo que Susana García-Cereceda considerara el consejo de sus asesores legales de negociar con la Fiscalía. Y así lo ha hecho. Susana en virtud de ese acuerdo reconoce que es responsable de los cargos y admite que encargó a Villarejo las vigilancias y demás trabajos. Esa autoinculpación rebaja los 17 años de prisión a 22 meses.

No hay sentencia, solo acuerdo

No obstante, aunque la Fiscalía y la acusada han llegado a un acuerdo y han cerrado la negociación, todavía no se ha traducido en sentencia. Un fallo que además podrá ser recurrido por los afectados. Fuentes jurídicas explican a Informalia que si se dicta esta sentencia, con acuerdo entre el ministerio público y la acusada, la apelación tendrá escasas posibilidades de prosperar.

Sin embargo, lo que sigue en pie y todavía podría ser preocupante para la mayor de las Cereceda son las cantidades que las víctimas le solicitan como indemnización, en concepto de responsabilidad civil. Silvia Gómez Cuétara pide 250.000 euros; Joaquín Torres solicita más de 10 millones de euros; y Yolanda García-Cereceda exige a su hermana mayor 22 millones de euros, en concepto de perjuicios patrimoniales causados y por daño moral.

Parece que el fiscal de momento ha dejado al margen las cuestiones relacionadas con la responsabilidad civil que pueda derivarse, pero fuentes consultadas por este portal aseguran que el ministerio público considera que Yolanda no ha sido perjudicada por su hermana mayor. Habría estimado la alegación de Susana en el sentido de que actuó en beneficio de los niños de Yolanda, protegiendo a los menores, cuya custodia le fue adjudicada por un juez. Y también protegiéndola a ella misma de una relación complicada con Ostos Jr. El hijo del famoso torero y Yolanda tenían planes de acudir a una clínica de fertilidad para tener un hijo pero su relación acabó un tiempo después.

Según estas fuentes, el fiscal 'compra' la versión de que Susana habría actuado en beneficio de su hermana, con lo cual los 22 millones de euros que solicita Yolanda pueden quedarse en nada. Ahora es la Sala quien debe pronunciarse. Es frecuente que haya una sintonía entre el criterio del fiscal y los magistrados.

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El fiscal, en cambio, sí considera que el arquitecto Joaquín Torres ha sido perjudicado por el encargo a Villarejo, pero no nos consta que admita la indemnización económica que solicita el arquitecto, al contrario que en el caso de Silvia Gómez Cuétara, para quien Fiscalía sí pide una indemnización, aunque no los 250.000 euros que solicitan los abogados de la viuda del patriarca familiar. La Fiscalía considera que de esa cantidad solo deben pagar García-Cereceda y La Finca, un 35%, o sea unos 75.000 euros. Desde el entorno de Susana García Cereceda explican a Informalia que está tranquila, ya que considera que lo peor de esta pesadilla ya ha pasado.

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