Levantarnos el Día de la Constitución y encontrarnos con la noticia de que don Juan Carlos I ha presentado una declaración para regularizar su situación fiscal ante Hacienda llama a la reflexión. En poco más de dos semanas, Felipe VI deberá comparecer ante todos los súbditos en el discurso televisado de Nochebuena, en el año más complicado de la historia de la democracia española, y ya hay quien se pregunta si nos dará explicaciones sobre la conducta de su padre.
Según la información firmada este domingo 6 de diciembre por Miguel González y Carlos E. Cué en El País, el marido de la reina Sofía presentó a través de su abogado, Javier Sánchez-Junco, un escrito sobre el uso de tarjetas con fondos opacos que la Agencia Tributaria está aún analizando.
¿Qué se debe?
La esperpéntica situación viene a decir que el padre de Felipe VI espera en Abu Dabi, donde se encuentra desde hace cuatro meses, a que Hacienda responda si acepta la regularización o solicita aclaraciones y cuál sería el importe a pagar.
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Curiosamente, este movimiento tiene que ver con cantidades menores, por así decirlo, en torno a cientos de miles de euros, es decir, con el uso de tarjetas bancarias por parte de Juan Carlos I y sus familiares, que se nutrían presuntamente de fondos opacos del amigo del anterior jefe del Estado y empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, quien está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo. No se trata por tanto de otros bienes en el extranjero del Rey ni de las decenas de millones de euros que salieron a la luz cuando la examante del rey emérito, Corinna Larsen, declaró que Juan Carlos I le había regalado 65 millones de euros procedentes de una donación que le hizo el rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdelaziz.
Decenas de millones de euros
En este otro caso, el precio de la regularización sería estratosférico, ya que el tipo a pagar rondaría el 50% del valor de todos los bienes y derechos, más un recargo del 20% por declaración fuera de plazo, más los intereses de demora. O sea, para regularizar su patrimonio en el extranjero debería pagar a Hacienda la mayor parte de su valor.
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Como ya se publicó, la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga el supuesto uso por parte del rey emérito y de varios de sus parientes, entre ellos algunos de sus nietos (no la infanta Sofía ni la princesa Leonor), de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas corrientes de las que no es titular. El dinero del que disfrutaban el Rey y sus parientes pertenecía a Allen Sanginés-Krause, quien, presuntamente lo puso a disposición de don Juan Carlos sin que éste lo declarara a Hacienda ni tampoco constase donación alguna. Dado que el uso de estas tarjetas se produjo cuando el rey emérito ya había abdicado y perdido la inviolabilidad (entre 2016 y 2018), y el volumen del importe defraudado, estaríamos ante un delito castigado con hasta cinco años de cárcel. El límite a partir del cual se considera delito fiscal está en 120.000 euros por ejercicio, una cantidad superada en estos casos.
No se sabe con exactitud en qué momento se ha presentado la declaración voluntaria pero las consecuencias variarían en función de las fechas. Todo indica que el Rey Emérito intenta neutralizar la investigación abierta sobre este asunto en la Fiscalía del Supremo. La regularización voluntaria solo puede presentarse antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar al investigado, por fraude fiscal o blanqueo de capitales. En el caso del Emérito, esto no ha ocurrido todavía, si bien el fiscal anticorrupción lleva investigando desde 2019.
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El daño a a la imagen de don Juan Carlos y, por ende, a la institución a la que ha representado, es demoledor incluso si las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Supremo acaban archivadas bien por prescripciones, porque fuera inviolable en las fechas en que se cometieron los hechos investigados o porque se regularicen ahora con declaraciones complementarias sus impuestos no abonados. Se da por hecho que el escrito recriminará públicamente y con gran dureza la conducta de don Juan Carlos, lo cual obligaría al anterior jefe del Estado a pedir disculpas, y esta vez sería mucho más grave que la primera, tras el escándalo de Botsuana, en abril de 2012, cuando, con muletas y en el pasillo de un hospital dijo en una intervención grabada: "Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir". El Monarca aseguró después que "estaba deseando volver a trabajar". Abdicaría dos años después.
El regreso
No hay ninguna información sobre el retorno de Juan Carlos I desde Emiratos Árabes, y todo indica que pasará las Navidades fuera de España. El fiscal Juan Ignacio Campos, encargado de las tres investigaciones que implican al Rey Emérito, no ha decidido aún si archivará los asuntos o interpondrá alguna querella, y es probable que, hasta que esto se resuelva, el abuelo de la princesa de Asturias siga como huésped del jeque Mohamed Bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi y gobernante de facto de Emiratos. El rey emérito tiene tres investigaciones abiertas en la Fiscalía del Supremo. La primera, por el presunto cobro de comisiones ilegales en las obras del AVE a La Meca adjudicadas por 6.500 millones a un consorcio español. La segunda, por la disposición de dinero del su amigo mexicano. La tercera, por las supuestas sociedades con fondos millonarios que don Juan Carlos tendría en el paraíso fiscal de Jersey.
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