Malas noticias para Arantxa Sánchez Vicario y su ex marido, Josep Santacana. El Banco de Luxemburgo solicita una pena de pena de cuatro años de prisión por alzamiento de bienes. También una indemnización de 6.170.942 euros, cantidad a la que se suman los intereses y costas procesales.

La entidad ha solicitado la apertura de juicio oral contra los dos en el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, tal y como recoge La Vanguardia. A este escrito de conclusiones se sumarán el de la fiscalía y el de la defensa de ambos.

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Se trata de una ampliación de la acusación. Sostienen que Arantxa abrió en Florida y Delaware sociedades opacas cuando se mudó a Miami, allá por 2013, cinco años ante de anunciar su separación del empresario. El divorcio finalmente se materializó en 2019 tras una intensa batalla en los juzgados. 

Vicario y Santacana aparecen como titulares de un patrimonio que habrían ocultado a través de un nuevo entramado opaco con sede en Estados Unidos. La sociedad Ocean Reserve LLC es la matriz en este entramado. Santacana se dio de baja de esta empresa en agosto de 2019.

"Las indagaciones llevadas a término muestran cómo alrededor de Ocean Reserve brotaron Silver Reserve LLC, Golden Reserve LLC, Global Golden Enterprises (LLC e INC) y Al Reserve LLC en Florida más Sunshine Reserve LLC en Delaware, conocido paraíso fiscal en suelo americano, si bien Arantxa nunca ha facilitado su existencia al juzgado, como estaba obligada", recoge el periódico atendiendo a estas investigaciones llevadas a cabo por la entidad.

Tal y como recoge La Vanguardia, "en la actualidad ninguna de ellas aparece como activa. También que Global Golden Enterprises INC y su homónima bajo formato LLC fueron creadas en 2011, una en Panamá y otra en Florida, si bien la primera se asentó en suelo estadounidense en 2015 registrándose en Coral Gables (Florida)". 

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En 2018 el mismo medio destapó que la entidad consideró que Arantxa había desarrollado un proceso de descapitalización al vender todas sus propiedades en España y Andorra. La ex tenista, según la acusación, habría ignorando sus requerimientos como acreedor y también una sentencia firme por vía civil.

Se trataba de la segunda ampliación de una querella criminal contra el matrimonio presentada en mayo de 2016 por alzamiento de bienes y fraude de acreedores ante el juzgado Número 4 de Barcelona. 

Las deudas de Vicario y Santacana

La historia de su enfrentamiento con la entidad bancaria de Luxemburgo se remonta a 2009. La ex tenista una deuda de 5,2 millones con Hacienda y, para salvarla, tuvo que suscribir un contraaval con el banco luxemburgués, donde Arantxa mantuvo durante muchos años parte de su fortuna. Un año después, la entidad cumplió con la garantía bancaria y reclamó a Arantxa el dinero.

Ella, entonces, dijo no saber cuánto patrimonio tenía ni si podía disponer de ello, algo un tanto extraño puesto que la campeona de Roland Garros había revocado en 2009 ante notario los poderes que ostentaba su padre y administrador, pasando su marido a ocupar dicha figura. Desde entonces, Santacana manejaba la fortuna de Arantxa.

El banco luxemburgués demandó a la pareja en marzo de 2011 por vía civil y obtuvo una sentencia favorable en septiembre de 2013. En la misma, se condenaba a Arantxa Sánchez Vicario a abonar al banco 5,2 millones de euros más los intereses de demora. Ante la pasividad del matrimonio, el banco decidió actuar a través de la vía penal y presentó una querella en 2015.

En todo ese tiempo, además, la entidad logró demostrar que a partir de que Santacana y Sánchez Vicario ostentaran el control de las distintas sociedades en las que ella era titular, entre las que se engloban Euroilla Inversiones SL, SAG Residencial SL, SFG Investments SL e Inmuebles e Inversiones Ciudad Diagonal SL, y mediante las cuales se produjo la enajenación de todo su patrimonio e inversiones en España cuando ya había sido condenada por vía civil.

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