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¿Quién juzgaría a Victoria Federica o Froilán si llegaran a ser procesados?

En la investigación sobre los pagos que durante años realizó un empresario mexicano amigo del rey Juan Carlos y de una de sus ex amantes, Marta Gayà, a través de un militar que actuaba de testaferro, figura entre otros la compra y el mantenimiento de la yegua de competición de Victoria Federica. Pero aún no se puede determinar si, aparte del Emérito, sus hijas u otros nietos están implicados, como Froilán o los Urdangarin, aunque se ha filtrado que no están la Leonor y Sofía.

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Se sabe, eso sí, que ha habido movimiento de capital recientemente y que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) rastrea la existencia de 10 millones de origen desconocido depositados en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.

La hija de la infanta Elena no disfruta de aforamiento, y por tanto no está protegida como el Rey Felipe VI, la Reina consorte, la Princesa de Asturias el emérito y la reina Sofía. Eso significa que, en cado de que la nieta hija de Jaime de Marichalar tuviera que afrontar responsabilidades penales o civiles, los tribunales ordinarios serían competentes para procesarla, y no el supremo, como ocurriría con sus parientes aforrados, los que gozan del privilegio de ser juzgados solo por el Tribunal Supremo o, como en el caso del jefe del Estado, de no ser juzgado en ningún caso mientras sea Monarca, tal y como recoge el artículo 56 de la Constitución: "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Eso si, el privilegio se extingue tras su abdicación, como en el caso del emérito, que dejó de ser inviolable desde que se hizo efectiva su abdicación el 18 de junio de 2014, aunque seguirá siendo aforado mientras viva.

En el caso de las las tarjetas black investigadas, el Supremo puede decidir llegado el caso sí la presencia de un aforado en la causa arrastra a quienes no lo están. Las diligencias abiertas por la fiscalía están muy avanzadas en la parte que afectaría a los familiares de don Juan Carlos, salpicados como supuestos beneficiarios de los fondos procedentes de paraísos fiscales y los presuntos delitos de blanqueo que el Emérito habría disfrutado por percibir abonos del millonario mexicano Allen Sanginés-Krause, y todo ello a través de un coronel retirado y presunto testaferro en los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, cuando don Juan Carlos ya no gozaba de inviolabilidad.

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