Después de que la justicia declara el pasado mes de septiembre que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y ordenara su devolución, los herederos de Franco presentaron un recurso en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña.

A la espera de resolverse el recurso de apelación, que se puede demorar hasta 2 años, el Gobierno solicitó la ejecución provisional de la sentencia. Los descendientes de Franco declararon este martes que se enteraron por los medios de comunicación de la decisión del Estado. Aun así, no se opondrán "a tal solicitud", tal y como recoge el escrito que enviaron a la prensa. 

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Los Franco manifestaron que la Administración General del Estado "ha dado instrucciones a su dirección letrada en las presentes actuaciones para que solicite la ejecución provisional de la sentencia", por lo que, "con carácter provisional" cumplirán "voluntariamente la obligación de entrega a su cargo declarada en la sentencia".

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El pasado mes de septiembre, tras conocerse la sentencia, Jaime Martínez Bordiú expresó ante los medios su enfado. La jueza Marta Canales declaró la nulidad de la donación efectuada en 1938 de "la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma". También condenó a la familia Franco a su devolución, sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.

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