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Don Juan Carlos podría negarse a volver aunque le llamara el juez: el convenio de extradición con Emiratos le protege

18/08/2020 - 11:17

El convenio de extradición entre España con Emiratos Árabes fue sancionado por el propio rey Juan Carlos I hace ahora justo diez años, siendo ministro de Exteriores el socialista Miguel Ángel Moratinos. Ratifica otro del 24 de noviembre de 2009 y permite denegar la extradición de Juan Carlos I por "su edad o estado de salud". 

Por supuesto, el convenio solo se aplicaría en el caso de que la justicia española reclamara la presencia como imputado del rey Juan Carlos y el padre de Felipe VI se negara a acudir al llamamiento judicial. En ese caso, el Tribunal Supremo sería el encargado de reclamar la extradición y la aplicación de convenio.

"Vengo en aprobar y ratificar (el convenio de extradición entre el reino de España y los Emiratos Árabes Unidos) cuanto en él se dispone, y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes", reza el texto con la firma del propio rey Juan Carlos.

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Miguel Angel Moratinos, a la sazón, titular de Exteriores, comprometía a España a cumplir con todos los puntos del acuerdo pero dejaba abierta la puerta a que los Emiratos Árabes Unidos pudieran negarse a conceder la extradición de un español mediante la aplicación de la Denegación facultativa de la extradición ( artículo 2 ) si "la extradición puede tener consecuencias graves para la persona reclamada, por razón de su edad o estado de salud".

El convenio dice que se podrá denegar la extradición "si el delito se cometió fuera del territorio de la Parte requirente (España) y la legislación de esa Parte excluye la jurisdicción sobre ese delito en circunstancias análogas, es decir, que se cometan fuera de España. Por tanto, llegado el caso, la extradición puede denegarse o concederse en función de lo que Emiratos Árabes considere sobre la salud o edad del rey Juan Carlos o dónde se cometieron los presuntos delitos.

Ya que por ahora no hay ninguna investigación penal abierta contra el rey emérito, es muy pronto para hablar de la aplicación del convenio, que solo tendría lugar cuando se hubieran agotado las diligencias y resoluciones preliminares y suponiendo que el investigado siguiera fuera de España y rehuyera comparecer ante los magistrados. 

De momento, solo hay diligencias de investigación incoadas por la fiscalía anticorrupción, asunto ahora en manos de la fiscalía del Tribunal Supremo, que debe resolver si hubo delito de blanqueo de capitales y delito fiscal. Tampoco se ha reclamado la comparecencia del rey emérito ante el tribunal. Al contrario, el propio rey emérito, a través de su abogado ha asegurado que acudirá a los requerimientos de la justicia española.







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