La escolta que acusa a Irene Montero de explotarla pretende que le pagan los casi 40.000 euros que reclama. En cualquier caso, la dirigente de Podemos tendría que comparecer el próximo 20 de enero de 2019 a las 9.00 de la mañana en el juzgado por el asunto para declarar como testigo.
Contratada por la formación morada, ella asegura que la convirtieron en recadera, chófer de familiares y amigos y mecánica de sus vehículos particulares. Ahora, el magistrado titular del Juzgado de lo Social número 3 de Madrid ha fijado la vista laboral en enero ante la inexistencia de un acuerdo entre las partes por el despido de la trabajadora.
Montero, según adelanta Ok Diario, ha sido citada como testigo, aunque es posible que no acuda. La escolta demandó a Podemos por el trato laboral "discriminatorio" presuntamente recibido de la número dos del partido.
En el escrito presentado ante la Justicia, la trabajadora afirma que Montero la obligó "de manera recurrente" y fuera de su horario a hacer de recadera para ella y sus hijos, comprar comida para las mascotas, llevar y traer a amigos y familiares hasta el chalé de Galapagar, encargarse del mantenimiento de varias propiedades de la pareja y, además, ocuparse de la mecánica de sus vehículos particulares.
Podemos revela en su portal de Transparencia que ninguno de sus empleados estaba contratado en el área de Seguridad, a excepción del responsable de la misma. La información, disponible a través de la web del partido, en el apartado Personal Contratado, está actualizada a fecha de 31 de junio de 2017.
Pero por aquel entonces la ex trabajadora que ahora demanda al partido por el trato "discriminatorio" de Irene Montero, no formaría parte de ese departamento pese a haber sido contratada, en un inicio, como escolta exclusiva de Pablo Iglesias y, más tarde, de Irene Montero.
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