La acusación contra el hijo de Tita Cervera tiene a su madre con el corazón en un puño, tanto que la baronesa se ofreció a pagar los dos millones que Hacienda le reclama a Borja con tal de no verlo sentado en el banquillo de los acusados, algo a lo que él se negó. El empresario cree que no cometió fraude fiscal al facturar exclusivas de la prensa del corazón en una empresa domiciliada en Las Vegas y así lo defendió este miércoles en el juicio.

"No presenté la declaración ante Hacienda porque no tenía que hacerlo", aseguró Borja Thyssen en su declaración al juez. "Yo tenía la residencia habitual en Andorra. En Andorra trabajaba en la empresa patrimonial de la familia, me ocupaba de los terrenos. Sólo venía a España los fines de semana. Mi madre era una paranoica de la seguridad, sobretodo a raíz de salir nuestros apellidos en las listas de ETA y por eso me asignó unos escoltas, pero yo no estaba a cargo de ellos", defendió.

La declaración de Borja resultó más firme y convincente que la de sus escoltas, claves en la investigación. Según Espejo Público, sus versiones no coincidían con las que dieron a la fiscalía hace dos años. En un primer momento, ellos reconocieron que siguieron cuerpo a cuerpo a Borja ejerciendo como escoltas durante meses, pero este miércoles cambiaron su declaración radicalmente, afirmando que solo le escoltaban esporádicamente y los fines de semana.

Tanto Borja como su abogado salieron del Juzgado de lo Penal número 2 de Madrid contentos y tranquilos. El letrado afirmó que había quedado más que acreditado que podía facturar sus exclusivas fuera de España, ya que las fotografías en las que se apoya la fiscalía para acreditar que Borja pasó más de 183 días en España (el límite para tributar fuera del país) eran de archivo y no en tiempo real.

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Según el escrito de acusación, Borja Thyssen dejó de tributar casi 600.000 euros, correspondientes a una parte de los 1.4 millones de las exclusivas vendidas a una revista del corazón en el ejercicio 2007. Dado que la cantidad presuntamente defraudada supera los 120.000 euros en un solo ejercicio, se considera un delito fiscal que supone -de probarse y ser condenado- dos años de cárcel y 1.2 millones de euros (el duplo del supuesto fraude). Sin embargo y siempre y cuando Borja no cuente con antecedentes penales, no es probable que, aun siendo condenado, entre en prisión, al ser la pena solicitada menor de dos años.

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