elEconomista.es

La mujer de Oriol Junqueras espera que su marido salga de prisión en poco más de un año

14/10/2019 - 10:38

La familia de Oriol Junqueras espera que el ex vicepresidente "pise calle" como mucho dentro de un año y medio, ya que es cuando se cumplirá la cuarta parte de la condena a 13 años, es decir, tres años y tres meses, y lleva dos en prisión preventiva. Los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, con 9 años de condena, podrían salir en apenas unos meses.

Neus Bramona, la mujer de Junqueras, el principal encausado y el que ha sido sentenciado con la condena más alta, ha conocido la noticia en su chalet en San Vicente dels Horts. Es una vivienda unifamiliar de 240 metros cuadrados útiles, edificados sobre una finca de 917 metros cuadrados, según el Registro de la Propiedad. Está valorada en más de 524.000 euros y Junqueras se encargó de blindarla dos meses antes de su detención para evitar que su familia tuviera problemas en caso de embargo de bienes. Ahora, la casa pertenece en un 50 % al padre del político y un 50 % a su mujer e hijos, a los que donó sus derechos de uso y habitación.

Sus hijos, lo más importante

El pasado 11 de abril, Oriol Junqueras celebró su medio siglo de vida recluido en la prisión de Lledoners. Cuando entró en prisión tenía 48. En estos dos años, su esposa, Neus Bramona, ha vivido casi recluida en casa  de Sant Andreu de Palomar, con sus dos hijos, Lluc y Joana.

La esposa del ex presidente llegó a cogerse la baja por depresión tras el encarcelamiento de su marido, a quien la Fiscalía pedía 25 años de cárcel. Pero el presidente de Esquerra Republicana no ha sido condenado por rebelión, igual que los otros responsables del procés condenados este lunes.

Neus ha tratado de mantener la normalidad en casa delante de sus dos hijos, que ahora tienen seis y cuatro años. Junqueras, profundamente católico, dijo que sus hijos fueron los motivos por los que decidió entregarse en cuerpo y alma al procés catalán, pues pretendía que crecieran en una Cataluña independiente y que estudiaran en el Liceo italiano de Barcelona, donde él mismo se formó.

Ante la ausencia de su padre, el principal apoyo de Lluc y Joana es su madre, Neus Bramona, una profesora del colegio público Els Cingles, situado en l'Ametlla del Vallès. Defensora de la independencia catalana, a sus 46 años, Neus ha estado de "baja por enfermedad" y durante una temporada estuvo casi recluida tras la entrada de su marido en prisión. 

Junqueras, lejos de sus hijos 

Neus viajó a Madrid para visitar a Junqueras una vez al mes cuando estuvo encarcelado en la prisión de Estremera. Una foto de los dos niños en la estación esperando el AVE se viralizó en su día: "Hoy vamos a ver a papá. Ya han pasado muchos días desde el último abrazo", rezaba el texto que acompañaba a la imagen, compartida por Gabriel Rufián y otros compañeros de Oriol.

Desde que Junqueras fue trasladado al centro penitenciario de Lledoners, situado en el municipio de San Juan de Torruella, en la provincia de Barcelona, y controlado por La Generalitat, las cosas mejoraron en cierta medida, dentro del drama familiar que supone tener al marido y padre tras las rejas.

En mayo de 2018, Neus Bramona rompió su silencio y habló para RAC1 para luchar por el traslado de prisión de su marido que finalmente fue concedida junto al resto de los procesados: "Que mis hijos vean a su padre una vez al mes es muy poco. Apelo al derecho a vivir en familia", dijo emocionada. "Mi marido se planteó marcharse a Bruselas pero lo descartó porque se quería quedar a nuestro lado y al de la gente", dijo entonces.

Neus ha recibido este lunes 14 de octubre un duro golpe, puesto que ella solo contemplaba la absolución de su marido, igual que muchos independentistas, pero por otra parte, respira después de que el Supremo evitara la condena por Rebelión, lo cual reduce el tiempo de condena de los 25 a los 13 años.

¿Por qué a Junqueras le queda poco más de un año para pisar la calle?

El Tribunal Supremo ha condenado por la causa del procés a Oriol Junqueras a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta. A los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a las penas de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta, en los cuatro casos por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía. A los también exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull les condena a las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta. A los entonces líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a las penas de 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta.

El Supremo no exigirá que los condenados cumplan la mitad de la pena para acceder al tercer grado. La sentencia que ha condenado a los dirigentes del proceso soberanista catalán por sedición y malversación de fondos públicos no asume la petición de la Fiscalía de que se les aplique el artículo 36.2 del Código Penal, que faculta a los tribunales para impedir el acceso de los condenados al régimen penitenciario abierto o tercer grado antes de haber cumplido al mitad de la pena impuesta. El tercer grado permite salir diariamente de prisión y un amplio calendario de permisos.

El Código Penal permite al tribunal decretar que la clasificación de un condenado en tercer grado no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena en los supuestos en que ésta es superior a cinco años de cárcel. Pero el Supremo no ha asumido la petición de la Fiscalía para imponer esa restricción a los condenados por el procés.

Dado que la Administración catalana es la única de España que tiene transferidas las competencias penitenciarias, es la que decide sobre el control de la clasificación de grado a condenados, si bien la Generalitat no será autónoma en esta materia. El Código Penal establece que las decisiones de los responsables de las cárceles que se refieran a la clasificación de un penado serán recurribles ante el juez de vigilancia penitenciaria y luego ante el tribunal sentenciador, es decir, el Supremo.

El artículo 36.2 es un freno más aparente que real para el acceso al régimen abierto. El Reglamento penitenciario tiene otros caminos para que, manteniendo la clasificación en segundo grado, los penados puedan salir de prisión en un régimen casi equivalente al tercer grado, y el ejemplo más cercano y mediático lo tenemos en Urdangarin: el artículo 117 establece que los internos clasificados en segundo grado que presenten un perfil de baja peligrosidad social y no ofrezcan riesgos de quebrantamiento de condena podrán acudir regularmente a una institución exterior para la realización de un programa concreto de atención especializada.

El artículo 100.2 permite medidas de flexibilización de la privación de libertad combinando aspectos del segundo y tercer grado. Fue la norma que se aplicó a Oriol Pujol.

La aplicación de estas vías que son consideradas "un tercer grado encubierto" no son materia de clasificación y no podrán controlarse por el tribunal sentenciador, aunque sí por el juez de vigilancia penitenciaria.







Comentarios 0