Los descendientes del dictador Francisco Franco han sufrido este viernes un nuevo varapalo judicial. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid ha decretado que 564 bienes del Pazo de Meirás se queden en este lugar, bajo la custodia del Estado, hasta que se ponga fin al pleito sobre la propiedad de los mismos.
Los servicios jurídicos del Estado habían solicitado que los bienes se quedaran dentro del Pazo y en depósito de la Administración hasta que los tribunales resuelvan quién es su verdadero propietario. Una cautelar que la Abogacía del Estado consideraba "esencial" para garantizar la conservación de estos 564 bienes, que incluyen bienes de Patrimonio Nacional y Documental así como otros de dominio público.
El juez explica que, analizados los argumentos de las partes, se debe reconocer "la verosimilitud y consistencia real del fundado temor que expresa la Abogacía del Estado en relación con la pérdida de su derecho a la tutela efectiva si no se acuerda la medida solicitada", con el consiguiente peligro de que la futura sentencia sobre la propiedad quede sin efecto. Subraya las "especiales características" de los bienes, que "pueden expresar el sentir de una comunidad estatal, y también autonómica y local conforme a los postulados culturales implícitos en nuestra Constitución de 1978".
El auto, señala que la Abogacía del Estado argumenta que, dado que los Franco podían hacer lo que quisieran con los bienes muebles del pazo, y puesto que la familia del dictador ha solicitado la entrega de los mismos, esto "implicaría un claro peligro de pérdida o desaparición de estos bienes muebles, lo que haría inviable cualquier pronunciamiento judicial" posterior. El juzgado explica que esta medida no sólo no perjudica a los Franco, sino que salen beneficiados porque no tienen que pagar el mantenimiento. "Supone una ventaja patrimonial para los demandados, quienes no tienen que realizar los oportunos dispendios para tal fin".
La batalla judicial por la titularidad
La batalla judicial por la titularidad del Pazo de Meirás arrancó hace varios años, cuando un juzgado de Galicia sentenció que esta propiedad, originalmente de la escritora Emilia Pardo Bazán y donde después de la Guerra Civil Franco y su familia pasaron las vacaciones, era del Estado y no de los descendientes del dictador. Arrancó después otro pleito: quién se quedaba con los cientos de bienes que había dentro del Pazo. A finales del pasado mes de septiembre un juzgado de A Coruña autorizó a Carmen Martínez-Bordiú y sus hermanos a llevarse la mayor parte de los bienes, excepto los 132 que no podían ser físicamente retirados.
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