Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, no será juzgado en EE.UU. por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, crítico con la casa real saudí, que fue asesinado y descuartizado en el consulado del país árabe en Estambul. La Administración de Joe Biden ha declarado inmune al mandatario, al basarse en el derecho internacional que se aplica a los jefes de Estado.

Khashoggi trabajaba para The Washington Post y desde su labor periodística denunciaba los desmanes de la casa real de Arabia Saudí en materia de Derechos Humanos. El 2 de octubre de 2018, el reportero desapareció tras entrar en el consulado saudí en Estambul para gestionar unos documentos y poder casarse con su pareja.

Sus restos no han aparecido en este tiempo, por lo que las investigaciones realizadas por la Inteligencia de los Estados Unidos determinaron que allí fue asesinado y descuartizado por orden de Mohammed bin Salman.

Tras la denuncia interpuesta por la mujer del periodista desaparecido, el Departamento de Estado "bajo principios bien establecidos y basados en el derecho internacional" ha declarado la inmunidad del príncipe saudí, según afirmó un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

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La esposa del desaparecido, Hatice Cengiz, ha mostrado su indignación por esta escandalosa impunidad del hijo del monarca saudí y ha condenado en las redes sociales la decisión del Gobierno de Estados Unidos: "Jamal hoy volvió a morir. Pensaba que tal vez habría luz para la justicia", ha escrito.

La inmunidad viene dada porque el rey de Arabia Saudí, Salmán bin Abzulaziz, nombró a su hijo primer ministro y líder de facto del país el pasado 27 de septiembre con el fin de blindar a su hijo de la Justicia. El príncipe heredero ya era titular de varias carteras ministeriales de su país y toma las principales decisiones del gobierno de Riad desde hace tiempo.

Los tribunales estadounidenses que debían juzgar a Bil Salman habían preguntado este mes de julio a la administración Biden sobre la inmunidad de príncipe. Era necesario conocer su situación legal como mandatario ante la demanda presentada por la esposa de Khashoggi, y la organización Democracia para el Mundo Árabe en EE.UU., contra el heredero saudí y otros 20 individuos de la misma nacionalidad.

Lo que la viuda exigía, además del pago de daños civiles, era poder aclarar a través del sistema de Justicia estadounidense la implicación de altos cargos saudíes en el asesinato de su marido y conseguir la publicación de toda la informarción sobre el caso que tuvieran los agentes de inteligencia americanos.

El caso ha sido ya juzgado en Arabia Saudí en 2020, y el resultado incluye condenas de cárcel para ocho personas como responsables del asesinato. Cinco de los implicados se libraron, gracias a las apelaciones posteriores, de la pena de muerte que inicialmente se había dictado contra ellos en diciembre de 2019.

Sin embargo, los que sí se han librado de cualquier responsabilidad por la desaparición del periodista fueron el antiguo asesor de Bin Salman y uno de los principales sospechosos, Saud al Qahtani, liberado por falta de pruebas, así como Ahmed al Asiri, número dos de la Inteligencia saudí, y Mohamed al Otaibi, cónsul general de Arabia Saudí en Estambul cuando tuvo lugar el crimen. La Justicia parece que es más ciega que nunca en relación a la indignante muerte del redactor de The Washington Post.

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