La nueva Ley de Memoria Democrática ya ha conseguido sacar de su tumba, situada en un lugar prominente de la sevillana Basílitica de La Macarena, a Gonzalo Queipo de Llano, el teniente coronel franquista que llenó de terror Andalucía, considerado como de los más sanguinarios de la Guerra Civil. Ahora, asociaciones memorísticas plantean dudas sobre la legitimidad de las propiedades de la familia del genocida; tanto de su cortijo, como del marquesado que ostenta uno de sus nietos y de la fundación que lleva su nombre.

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Una de las plataformas memorísticas que más batalla está dando en Andalucía se llama Gambogaz, y desde este jueves celebran la exhumación de los restos de Queipo de LLano. Sin embargo, se quejan de la falta de implicación de las instituciones, incluida la Secretaría de Memoria Democrática, para esclarecer el verdadero origen de las propiedades y títulos que el militar golpista ostentó, y que ahora gestiona su familia.

Gambogaz es también el nombre que tiene el cortijo que todavía está en manos de la familia de Queipo de Llano. Atendiendo a la nueva Ley, la asociación quiere que la finca, situada en el término municipal de Camas al lado del río Guadalquivir y presenta un aspecto de semiabandono, pase a formar parte del patrimonio público y se convierta en un lugar para la memoria histórica.

Por supuesto, también quieren que el gobierno retire el título de marqués, que ahora recae en uno de los nietos del militar de extrema derecha, Gonzalo Queipo de Llano Mencos.

Fue el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón quien dio la orden de renovar ese título tras el fallecimiento del hijo del general en 2012. Ese 17 de julio, en el marco del 76 aniversario de la sublevación militar que dio origen a la Guerra Civil, se publicó en el BOE la expedición el título de marqués al nieto de uno de los golpistas más sanguinarios durante la contienda española.

Dudoso origen del dinero de Queipo para el Cortijo

Los estudiosos de la memoria, entre los que se encuentran principalmente abogados e historiadores, quienen también que se investigue la formación y el recorrido de la Fundación Benéfica Social Agraria Gonzalo Queipo de Llano, creada en 1937 para compar la finca. Pretenden investigar y denunciar ante la Justicia cómo ese cortijo de 480 hectáreas acabó en las manos del militar en diciembre de 1937, tras pagar 1,3 millones de las antiguas pesetas.

Según publica El Español, en marzo de 2021 los técnicos de la plataforma Gambogaz comprobaron que Queipo no había adquirdo el cortijo ni con dinero propio, ni con la colecta popular sevillana en agradecimiento a sus logros militares contra la II República: siempre se creyó que había sido el origen del dinero.

Según Bonifacio Cañibano, portavoz de la organización reparadora, la compra de la finca se hizo "con dinero público del Banco de España, sin que exista una respuesta clara sobre la procedencia de ese capital", y asegura que no consta que ese dinero haya sido devuelto nunca. Para el colectivo, fue el mismo general quien divulgó el bulo de la colecta para justificar la compra del cortijo a un ganadero encarcelado entonces, que siempre afirmó no haber cobrado jamás por la propiedad.

La fundación creada para aquella compra ahora se llama ProInfancia Gonzalo Queipo de Llano, está supuestamente dedicada a la protección de la infancia desvalida, y la preside otro nieto del golpista y primo del actual marqués, Gonzalo García Queipo de Llano.

Cuando han sido preguntados por los medios de comunicación, ninguno de los familiares de militar sublevado y mano derecha de Francisco Franco detalla la actividad de la fundación, ni facilita el libro de actas del patronato, no definen una sede física propia a la que acudir, ni virtual, porque carecen de página web.

Los colectivos que quieren sacar a la luz la verdad de los hechos ocurridos durante la contienda y en las décadas posteriores quieren que los Queipo de Llano devuelvan todo; título, propiedades de dudosa legitimidad, y fundaciones que pudieran ser solo una pantalla de gestión.

La nueva ley de Memoria Democrática recoge la posibilidad investigar las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la Dictadura y reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados.

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