Buscar a los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y estudiar las posibles vulneraciones de derechos humanos entre los años 1978 y 1983 son los objetivos de la Ley de Memoria Democrática, que entrará vigor este viernes tras una larga tramitación parlamentaria. La nueva ley también anula diferentes títulos nobiliarios.
Entre los afectados, dos nietos del dictador Francisco Franco: Carmen Martínez-Bordiú, que se queda sin el ducado de Francos y Francisco Franco y Martínez-Bordiú, que dejará de ser señor de Meirás tras esta nueva ley del Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de otro 'chasco' para los nietos de Franco y Carmen Polo, que han librado en los tribunales una tensa disputa con el Gobierno por el Pazo de Meirás y los bienes de su interior.
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Otros títulos nobiliarios que también se ven afectados por la nueva ley son los de Fernando María Primo de Rivera Oriol, duque de primo de Rivera; José Calvo Sotelo y Olry de Labry, duque de Calvo Sotelo; Emilio Mola y Pérez de Laborda, duque de Mola; y Gonzalo Queipo de Llano y Mencos, marqués de Queipo de Llano. En total, se anulan un total de 33 títulos, divididos en marquesados, ducados, condados y señoríos).
La nueva Ley de Memoria Democrática
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves esta norma que fue aprobada definitivamente hace 15 días con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos.
La nueva norma, que sustituye a la Ley de Memoria de 2007, nace bajo los principios de "verdad, justicia y reparación" y persigue dignificar las víctimas olvidadas, así como "evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia".
Así, considera un "inexcusable deber moral" político y un "signo de la calidad de la democracia" recordar, reparar y dignificar a las víctimas del golpe de Estado, la guerra de España y la dictadura franquista porque entiende que "el olvido no es opción para una democracia".
Estos son algunos de los puntos más importantes de la ley: el régimen franquista se declarará ilegal, el Estado asume la búsqueda de personas desaparecidas, un fiscal de sala se encargará de investigar violaciones de los derechos humanos y se retirarán símbolos contrarios a la memoria democrática, entre otros puntos.
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