Una jueza de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha acordado enviar a juicio a la cantante Shakira por seis delitos contra la Hacienda Pública, por los que la Fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros.

En un auto, hecho público este martes 27 de septiembre, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Esplugues ha resuelto la apertura del juicio oral a la cantante colombiana para que sea juzgada en la Audiencia de Barcelona, acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.

Para el Juzgado de Instrucción, los tributos que supuestamente defraudó son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con un total de 12.371.197 euros; y el Impuesto sobre el Patrimonio, con 2.191.771 euros, sumando entre los dos 14.562.968 euros. La Fiscalía, por su parte, la acusa de tres delitos contra Hacienda en las declaraciones del IRPF de 2012, 2013 y 2014.

La Generalitat también está personada en la causa y ha presentado acusación por tres delitos contra Hacienda en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio de los mismos años.

Aunque el caso se ha investigado en un juzgado de Esplugues de Llobregat, lo juzgará la Audiencia de Barcelona, que fijará fecha de juicio una vez los abogados de la cantante hayan presentado su escrito de defensa.

La causa se envía a juicio después de que la instrucción constatase que la artista, supuestamente, dejó de tributar en España en 2012, 2013 y 2014, pese a estar obligada a hacerlo porque es donde tenía su residencia fiscal, ya que había vivido en el país más de 183 días al año.

Cuando se la imputó, la defensa de Shakira recurrió el procesamiento porque considera que no hay indicios suficientes para llevarla a juicio, argumentando que entre 2012 y 2014 era "residente a todos los efectos, también los fiscales" en Bahamas.

Tanto el juez instructor como la Audiencia de Barcelona han rechazado esta versión y consideran que hay "elementos suficientes" para verificar que la colombiana había fijado su residencia habitual en España, y que permaneció 183 días físicamente en España, al margen de las salidas.

Tras conocerse la imputación de Shakira, sus abogados calificaron de intachable su conducta en materia tributaria y en un comunicado avisó de que la cantante "continuará defendiendo su inocencia, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, a través de la presentación de argumentos jurídicos de peso". En el mismo sentido, el equipo legal de la cantante remarcó que no tiene "ninguna deuda con la Hacienda española" porque ya pagó las cantidades que se le reclamaban cuando se lo comunicó la Agencia Tributaria.

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