El Tribunal Supremo ha asegurado que el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán (76) tenía "conocimiento de la ilegalidad" del criterio que se siguió con los ERE. Al mismo tiempo, ha destacado su "pasividad" ante el "despilfarro y la arbitrariedad" con la que se concedieron las ayudas.

Así consta en la sentencia de 1205 folios que se ha dado a conocer este miércoles y cuyo fallo había sido adelantado el pasado 26 de julio. Griñán está casado con María Teresa Caravaca desde hace más de medio siglo. Ella es su mayor apoyo personal en el 'caso de los ERE'. 

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Recordado es aquel beso que se dieron ante todos después de que el ex líder socialista ganara las elecciones andaluzas en 2012. Su participación durante las campaña de su marido fue activa. Sus reacciones y publicaciones en Twitter también han sido comentados estos años. Mariate, como la llaman cariñosamente sus amigos y conocidos, tiene sangre aristócrata, ya que es bisnieta del X marqués de Nevares.

Tras unos años de noviazgo, se casaron en 1970, en la Catedral de Sevilla. Lo hicieron cuando él ya tenía encaminada su vida en lo profesional, ya que no le dio el 'sí, quiero' hasta aprobar la oposición de Técnico de Trabajo en 1969, consiguiendo así un puesto como funcionario.

Tienen tres hijos: Manuel (casado desde 2001 con Carmen Piñeiro Otero), Ana y Miguel, que nació fruto de un "feliz descuido" (en palabras del ex presidente) alrededor de diez años después de nacer la hija mediana del matrimonio. Griñán y Mariate son abuelos de unos cuantos nietos.

Nuevo varapalo para Griñán

El Alto Tribunal ha confirmado la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves (entre 1990 y 2009) y José Antonio Griñán (entre 2009 y 2013) por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

En la resolución, recogida por Europa Press, consta que se mantiene la pena de 9 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves. Para Griñán, por su parte, se confirman los 6 años de cárcel por prevaricación y malversación, aunque su familia ya ha presentado la petición de indulto ante el Ministerio de Justicia.

El fallo aclara que los acusados "no han sido condenados por razón de su cargo, sino por haberse probado los distintos presupuestos típicos de los delitos imputados y por haberse acreditado que actuaron con pleno conocimiento de los hechos".

El tribunal ha concluido que Griñán "tenía un papel central en la elaboración y aprobación de las normas presupuestarias por consecuencia de las competencias asignadas a sus cargos". Según el Supremo, el "uso de las transferencias de financiación para eludir la normativa de las subvenciones y, singularmente, el control previo de la Intervención ya era un dato muy revelador de que la gestión de las ayudas podía dar lugar a la arbitrariedad y el despilfarro".

El propio Griñán, junto al resto de condenados y gracias a sus "decisiones" y su "comportamiento activo hicieron posible la distribución ilegal de subvenciones por importe de cerca de 700 millones de euros y durante un dilatado periodo de 10 años".

El fallo deja claro que "el manejo de esos caudales se realizó como si fueran propios, en favor de empresas y personas libremente determinadas y según las preferencias e intereses políticos de las autoridades que concedían las subvenciones".

El Alto Tribunal insiste en que se declara probado que Griñán "conoció las ilicitudes perpetradas con esos fondos y, como consecuencia de las competencias que le correspondían, al ejercer las más altas funciones dentro del Gobierno de la Junta de Andalucía, tuvo capacidad de impedir ese modo de gestión".

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