El emérito no está dispuesto a convertir el segundo divorcio de la familia real en un espectáculo y mucho menos arriesgarse a que se filtren secretos e informaciones que pudieran perjudicar a su hijo Felipe y a la Monarquía. Por eso ha ordenado a su hija Cristina a tragar con las nuevas pretensiones económicas de Iñaki Urdangarin y ha dado luz verde al acuerdo que se firmará en las próximas semanas.

Y no solo eso. Según el periodista Juan Luis Galiacho, don Juan Carlos se hará cargo de todos los gastos del divorcio: "El emérito ha dicho que se dejen ya de negociaciones, de regateos y que se cierre de una vez por todas el divorcio; que él asumirá lo que tenga que asumir incluido el coste añadido". Añade que doña Sofía también ha jugado un papel clave en la negociación del divorcio al tratando de templar las exigencias de Urdangarin, así como los dos hijos mayores de Iñaki, Juan y Pablo, que han apoyado a su padre considerando que este se "ha comido un marrón" de otros.

Tal y como informábamos este jueves, los acuerdos entre Urdangarin y la infanta Cristina estipulaban una paga mensual de 25.000 euros y un solo pago de dos millones de euros en concepto de indemnización. Sin embargo, en los últimos días, el ex duque de Palma había considerado que dichas cantidades no eran suficientes y había aumentado sus pretensiones. "En estos días la situación se ha complicado, se ha emborronado más todavía y ahora Iñaki Urdangarin quiere más", decía Galiacho. "La situación es tan complicada que entre la infanta Cristina y él ahora mismo hay hostilidad total. Él ha pedido más, tanto en la pensión mensual como en la indemnización de dos millones, que le parecen pocos. Además, los quiere en un solo pago".

La polémica de los escoltas

Por otro lado, Urdangarin se habría negado a prescindir de sus escoltas, financiados por el Gobierno. Este viernes, Informalia se ha puesto en contacto con fuentes de la Secretaría de Estado de Seguridad para aclarar la situación: "Las evaluaciones son constantes, periódicas y las decisiones se aplican o no se aplican de forma inmediata y Urdangarin los tendrá mientras Interior lo considere oportuno".

Así pues, tanto la negativa de Iñaki como la de los propios escoltas a retirar el servicio no es relevante: "Un agente no decide frente a un superior seguir en un servicio del que pretenden relevarle porque esté contento o descontento. Y el vigilado, sea quien sea, no decide si se le mantiene o no la vigilancia, que depende exclusivamente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Se le pregunta en ocasiones por cuestiones que sean relevantes, como si ha observado algún peligro o algo sospechoso, si por alguna razón teme por su integridad y este tipo de cosas, pero no si desea seguir teniendo escoltas o no".

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