El rey emérito traslada su domicilio fiscal a Emiratos Árabes, donde reside desde agosto de 2020. Esto significa que este año no hará la declaración de la renta en nuestro país sobre el ejercicio de 2022, sino que tributará desde su residencia en Abu Dabi. Así lo publica El Mundo, que, además, señala que con esta decisión don Juan Carlos se libra de que Hacienda investigue sus actividades económicas.

Los Emiratos Árabes ofrece al expatriado una política fiscal muy favorable. Para empezar no existe el IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas). Esto significa que las personas activas reciben su salario libre de impuestos. El sueldo bruto es el sueldo neto. Tampoco existe del impuesto de sociedades, excepto en algunos casos como empresas petroleras y bancos extranjeros.

En el caso del emérito, su marcha a Abu Dabi generó dudas en cuanto a su permanencia. La ley española establece dos requisitos para fijar la residencia fiscal en nuestro país: permanecer más 183 días al año aquí. Este no es el caso del emérito, que no pisa suelo español (excepto su visita exprés a Sanxenxo en mayo de 2022). Y la segunda norma es que la base de sus actividades económicas o de sus intereses económicos estén en España.

El padre de Felipe VI, que expresó vía comunicado oficial en marzo de 2022 su deseo de visitar "con frecuencia" España, no ha cumplido ese deseo. Las palabras que escogió fueron las siguientes: "Prefiero por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi". Con este anuncio marcaba ya la hoja de ruta de lo que sería su futuro fiscal.

Con esta medida, tal y como señala el diario, el emérito queda al margen de la Agencia Tributaria española, con la que ha establecido varias regularizaciones desde su autoexpatrición. Hay que recordar que en marzo de 2020, el jefe del Estado le retiró su asignación oficial de los presupuestos de la Casa Real: 194.000 euros al año. Cortarle el grifo supuso para don Juan Carlos un paso más hacia su salida. Ya en plena pandemia e instalado en su autoexilio procedió a dos pagos a Hacienda para regularizar su situación, según informó El País: el primero, de más de 670.000 euros; y el segundo, de 4,4 millones. En marzo de 2022, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivaba la investigación contra el padre de don Felipe sobre sus finanzas.

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