El rey Juan Carlos ha aceptado ser sancionado por Hacienda tras admitir que debió declarar los "regalos" de varios empresarios que costearon sus cacerías. Con el acuerdo alcanzado con la Agencia Tributaria asume su culpa y tendrá que abonar las cantidades solicitadas por el fisco pero cierra la inspección.
El Emérito ha firmado un acta de conformidad con la Agencia Tributaria que se suma a las regularizaciones voluntarias que realizó por importe de algo más de cinco millones para evitar ser acusado de varios delitos fiscales y que fueron validadas por la Fiscalía del Tribunal Supremo, y eso a pesar de que el Rey había sido avisado de que estaba siendo investigado.
Jamones ibéricos
El procedimiento por la vía administrativa iniciado por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria requirió formalmente al ex amante de Corinna Larsen para que detallara el número de cacerías había acudido tras dejar de ser jefe del Estado (entre los ejercicios 2014 y 2018), y también dijera quién o quiénes habían abonado sus gastos, especialmente los destinado a pagar sus costosísimos vuelos privados, aunque Hacienda ha llegado a preguntar al marido de la reina Sofía por otros obsequios de menor cuantía, como zapatos a medida o jamones ibéricos. Las cantidades supusieron un incremento patrimonial no justificado cuando ya no era jefe del Estado.
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Don Juan Carlos ahora admite que no pagó cantidad alguna por los referidos desplazamientos, cuando ya no era inviolable y Hacienda le sanciona en base a esos datos, ahora asumidos por el Emérito, para cerrar el procedimiento pagando la cantidad exigida. Los importes reclamados por la Agencia Tributaria no alcanzan en ninguno de los ejercicios fiscales los 120.000 euros, por lo que no son constitutivos de delito Fiscal, de acuerdo con el Código Penal.
Este nuevo acuerdo, publicado este martes por El Mundo, se suma a las declaraciones voluntarias que realizó por el regalo de vuelos privados a través de la Fundación Zagatka, controlada por su primo Álvaro de Orleans, o aquellos llevados a cabo por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó otras causas y otras partidas de gastos anteriores dada la inviolabilidad de que gozaba Don Juan Carlos siendo jefe del Estado, y en otros casos a la prescripción de los supuestos delitos cometidos o incluso por la falta de pruebas de que hubiera manejado fondos del trust que le fue descubierto en la isla de Jersey.
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