Cambio de estrategia tras el último varapalo judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales. El juez Matthew Nicklin denegó la inmunidad del emérito en una sentencia que ha recurrido y que defenderá un despacho diferente del que comenzó la batalla legal. El rey Juan Carlos ha dejado atrás Clifford Chance y ha confiado su suerte a Carter-Ruck para salir indemne de las acusaciones de acoso de Corinna.
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La revista londinense The Lawyer explica que el abogado encargado del caso es Guy Martin, responsable del departamento internacional de la firma y muy próximo a su fundador, Peter Carter-Ruck. Este letrado es muy conocido en el Golfo Pérsico y entre sus principales clientes destaca el jeque Yassin Abdullah Kadi, el empresario multimillonario saudí famoso por su amistad con Osama Bin Laden, cerebro de los atentados del 11-S.
Carter-Ruck se presenta en su web como un bufete "particularmente bueno para llevar casos que implican sensibilidad política y geopolítica, lo que viene del intenso trabajo que realiza en el sector diplomático en el que está especialmente situado", así como en los campos de la "gestión reputacional, medios de comunicación, derecho internacional y resolución de disputas comerciales", asuntos en los que destaca la presencia de personalidades diplomáticas.
Eso sí, han 'rescatado' a dos de los especialistas contratados por el anterior bufete específicamente para este caso: el abogado Daniel Bethlehem y la profesora de Derecho Público Internacional en el King's College de Londres, Philippa Webb.
Nueva vista el día 18
La noticia, que ha sorprendido mucho a los expertos, se ha hecho pública el mismo día que debía tener lugar la vista oral por el recurso interpuesto a la sentencia del juez Nicklin. La cita ha sido suspendida por enfermedad de uno de los magistrados y trasladada al próximo lunes 18 de julio.
Todo apunta a que Carter-Ruck modificará el enfoque de la inmunidad solicitada (pues la soberana ya fue rechazada al no vivir don Juan Carlos en Zarzuela ni depender económicamente de Casa Real) y apelarán a la inmunidad de Estado, que cubriría a los funcionarios del Estado español (en especial la inmunidad de prestar declaración) relacionados con el caso, como el general Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia en las fechas que se estudian.
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