Esta ha sido la primera reacción de Corinna ante el auto del juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Justicia británico, que determina que Juan Carlos I no goza de inmunidad: la decisión del juez demuestra que el emérito "no puede esconderse detrás de una posición, poder o privilegio para evitar esta demanda", aseguran los abogados de la alemana, según informa Europa Press.

"Juan Carlos de Borbón deberá ahora rendir cuentas ante un tribunal por su conducta particular. Este es el primer paso en el camino hacia la justicia. Los espantosos hechos de este caso se presentarán por fin ante un tribunal", ha añadido el letrado que defiende a la aristócrata.

El auto del juez británico, que se ha conocido este jueves 24 de marzo, concluye que Juan Carlos I no goza de inmunidad en Reino Unido después de su abdicación en 2014 como Rey de España. Esto significa que puede seguir adelante la demanda por presunto acoso que Corinna Larsen presentó contra él.

En la resolución, de 27 páginas, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez rechaza el argumento de Clifford Chance, el despacho que le defiende, de que pese a su abdicación sigue siendo 'soberano' y que, por tanto, tiene derecho a la inmunidad personal.

"Ni soberano ni jefe de Estado"

El magistrado rechaza de forma tajante que, a pesar del estatus especial del que goza el emérito, pueda ser considerado soberano. Un título que solo puede llevar el jefe de Estado: "Su posición constitucional especial después de la abdicación (...) no es ni de soberano ni de jefe de Estado de España".

La ex amiga íntima del monarca pidió a los tribunales que reclamaran al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "ex diplomáticos y ex funcionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido por parte de Juan Carlos I.

Al hilo de los argumentos que ha manejado la defensa del emérito, el magistrado ha indicado que, de ser tomados por buenos y que el demandado siguiera siendo soberano y gozara de inmunidad, esta sería personal y vitalicia. Y esta inmunidad se aplicaría en procedimientos civiles y penales. El juez ha lanzado un ejemplo: "Si se acepta, significaría que si mañana, el demandado entra en una joyería en Hatton Garden y roba un anillo de diamantes, no se podría enfrentar a ningún proceso civil o penal en esta jurisdicción".

Ni los principios del Derecho Internacional o del respeto a la dignidad y soberanía del Estado español obligan a tal conclusión, por lo que el juez insiste en rechazar la interpretación que hace la defensa de Juan Carlos de Borbón.

¿Miembro de la Casa del Rey?

Según el magistrado la realidad es que "el acusado no es dependiente de Felipe VI" y suma que Juan Carlos I no vive con el Rey actual, "ni siquiera vive en España".

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La hipótesis de que el emérito es un miembro de la Casa del Rey actual se basa, continúa, "en una combinación de su estatus constitucional y su posición como padre del Rey". Y destaca que su puesto "es enteramente honorario, respetando su posición como Rey anterior y padre del Rey actual", pero sin "ningún rol" a desempeñar. "Desde su retiro de la vida pública, el demandado no ha desempeñado funciones públicas en apoyo de la Familia Real o del Estado español, y vive en los Emiratos Árabes Unidos desde agosto de 2020", recuerda.

La demanda de Corinna

Según la reclamación de Larsen, el emérito habría sido responsable de una conducta de hostigamiento hacia ella, y recuerda que la inmunidad funcional solo puede actuar sobre actos de acoso anteriores a la abdicación de 18 de junio de 2014. Dos de los hechos que denuncia Larsen son posteriores a la abdicación, por lo que no gozaría de inmunidad en ese momento y se podría dirigir procedimiento en su contra. Según la demanda de la alemana, el emérito habría dado instrucciones al ex jefe de los espías españoles, Félix Sanz Roldán, para que colocaran a la empresaria bajo vigilancia física y que hubo un allanamiento de morada y pirateo de teléfonos y ordenadores.

El juez ha concluido que no puede considerar que la demanda sea por lesiones personales hacia Larsen, quien ha alegado angustia y ansiedad generadas por ese presunto hostigamiento: "Se trata de una reclamación por desamparo causado por el presunto acoso".

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